La Corte Suprema quedó al voto tras la audiencia en la que la Fiscalía de la Nación pidió la disolución del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), vinculado a Antauro Humala. La Fiscalía sustenta que la organización promueve un discurso de odio y realiza actividades antidemocráticas.

Durante la sesión, el fiscal Hernán Mendoza argumentó que la agrupación defiende ideas que atentan contra la integridad de las personas y los derechos fundamentales. Como ejemplo, mencionó las propuestas públicas de Humala de fusilar expresidentes involucrados en corrupción y reprimir a la comunidad LGTBI. La Fiscalía enfatizó que la disolución del partido busca prevenir posibles acciones violentas y garantizar el respeto a los principios democráticos.

“Este no es un caso de pensamiento diferente, sino de discurso peligroso. Las expresiones de Antauro Humala son respaldadas por el partido y ponen en riesgo derechos fundamentales”, sostuvo Mendoza ante los magistrados.

El abogado del partido A.N.T.A.U.R.O. rechazó las acusaciones y aseguró que las declaraciones de Antauro Humala no representan la posición oficial de la organización. “Él es solo un militante con derecho a expresar su opinión. En ningún momento el partido ha suscrito esas ideas”, argumentó la defensa. Sin embargo, la Fiscalía subrayó que Humala participa activamente en las actividades del partido, lo que evidencia su influencia directa en la agrupación.

La Fiscalía solicitó a la Corte Suprema que se declare la ilegalidad del partido y se anule su registro en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). De aprobarse, A.N.T.A.U.R.O. quedaría fuera de las elecciones generales de 2026, y sus dirigentes podrían ser inhabilitados por promover conductas antidemocráticas.

En un plazo de 15 días, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente emitirá su decisión. La demanda se ampara en el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, que permite la disolución de partidos que promuevan violencia o vulneren derechos fundamentales.

La solicitud del Ministerio Público busca, además, el cierre de los locales partidarios y la imposibilidad de reinscripción de la agrupación, bajo el argumento de que sus acciones son una amenaza para la democracia y el orden social.