El Poder Judicial dictó impedimento de salida del país por un plazo de 36 meses contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, procesada por presuntos delitos de asociación ilícita, colusión agravada, cohecho pasivo propio, lavado de activos en calidad de autora mediata, entre otros, relacionados con los aportes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS a sus campañas electorales.

La medida fue dispuesta por el juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien consideró que existe un nivel de “sospecha fuerte” sobre la participación de Villarán en los hechos imputados, de acuerdo con el auto de enjuiciamiento que solicita una pena de 29 años de prisión en su contra. El magistrado sostuvo que la medida es proporcional y menos gravosa que la prisión preventiva.

Chávez Tamariz ordenó notificar a la Superintendencia Nacional de Migraciones para que se haga efectiva la restricción. La medida se aplicará exclusivamente para la etapa de juzgamiento del proceso penal seguido contra la exalcaldesa. Durante la audiencia, Villarán expresó su conformidad con la decisión judicial, señalando que no tiene intención de abandonar el país y que ha cumplido con todas las medidas de control impuestas previamente.

El juez, sin embargo, declaró infundado el pedido del Ministerio Público que buscaba prohibir a Villarán comunicarse con otros imputados y testigos del proceso. Señaló que dicha solicitud no fue debidamente fundamentada respecto al riesgo procesal en esta etapa. El fiscal a cargo del caso anunció que apelará esta parte del fallo.

La audiencia continuará en horas de la tarde, cuando el juzgado evalúe si se imponen restricciones similares a los demás procesados en el mismo expediente. El caso forma parte de las investigaciones del Ministerio Público vinculadas al caso Lava Jato y al financiamiento ilícito de campañas políticas en el Perú.