El inicio del juicio contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, se ha visto retrasado debido a los efectos de la Ley 32130, aprobada por el Congreso.

Aunque el proceso ya ha sido asignado a un tribunal de la Corte Superior Nacional, aún no se ha programado la audiencia de instalación.

Villarán enfrenta cargos por presuntos aportes ilícitos a sus campañas municipales, en los que, según la acusación fiscal, habría recibido 11,2 millones de dólares a cambio de beneficios en contratos con la Municipalidad de Lima. Sin embargo, la reforma judicial impulsada por el Parlamento ha generado demoras en el procedimiento, ya que permite que los autos de enjuiciamiento, que ordenan llevar un caso a juicio, puedan ser apelados, prolongando así los procesos.

La aplicación de esta nueva disposición ha generado cuestionamientos sobre su impacto en casos de corrupción de alto perfil, pues otorga a los acusados mayores posibilidades de dilatar sus juicios. Mientras tanto, el futuro del proceso contra la exalcaldesa sigue en espera de una nueva fecha para su instalación.