La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público sustentó una serie de argumentos jurídicos y disciplinarios en el procedimiento seguido contra el fiscal José Domingo Pérez, en el marco de su actuación en el denominado Caso Cócteles. El eje de la resolución se centra en la evaluación de su desempeño funcional, particularmente en relación con el deber de lealtad institucional, el decoro y la diligencia exigida a los miembros del Ministerio Público.

Según la ANC, existen indicios razonables que ameritan un análisis disciplinario profundo, basados en la verosimilitud de las imputaciones formuladas. Entre los principales cuestionamientos se encuentra la presentación de un requerimiento acusatorio que carecía de una imputación suficientemente fundamentada, situación que derivó en múltiples observaciones judiciales y en la posterior nulidad del auto de enjuiciamiento, hecho que, para el órgano de control, compromete la correcta administración de los recursos institucionales.

Otro de los argumentos expuestos se relaciona con la necesidad de preservar la imagen y legitimidad del Ministerio Público. La resolución señala que determinadas actuaciones y declaraciones públicas del fiscal habrían contribuido al desprestigio de la institución, lo cual, desde la perspectiva disciplinaria, constituye un elemento relevante a evaluar dentro del procedimiento, en tanto podría afectar la confianza ciudadana en el sistema de justicia.

Asimismo, la ANC sostiene que el análisis disciplinario no se limita a una sola actuación procesal, sino al conjunto de comportamientos funcionales observados durante la tramitación del Caso Cócteles. En ese contexto, se subraya que el control disciplinario no prejuzga responsabilidad penal ni culpabilidad, sino que busca determinar si se han respetado los estándares profesionales y éticos que rigen la función fiscal.

Desde el ámbito académico y legal, el penalista Carlos Caro Coria consideró que, aunque existen elementos suficientes para justificar una imputación disciplinaria por la forma en que se condujo el proceso, los argumentos de la ANC presentan debilidades técnicas. En particular, advirtió que parte del razonamiento se debilita al no establecer con claridad un riesgo procesal concreto, dado que Pérez ya no tiene injerencia directa en los casos que originaron las observaciones.

El debate generado en torno a este procedimiento ha puesto en primer plano la discusión sobre los límites entre el control disciplinario, la autonomía funcional de los fiscales y la protección de la institucionalidad. Más allá del desenlace del proceso, el caso ha reabierto una controversia de fondo sobre cómo deben evaluarse los errores, excesos o deficiencias en investigaciones de alta complejidad y fuerte impacto político.