La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, enfrentará juicio en los próximos días por presuntos aportes ilícitos a su campaña contra la revocatoria, con el Ministerio Público solicitando una condena de 29 años de prisión.

Un Colegiado Penal fijará próximamente la fecha de inicio del juicio oral en su contra, en el cual la Fiscalía presentará más de dos mil elementos de prueba para sustentar la responsabilidad penal de Villarán.

La acusación contra la exalcaldesa se fundamenta en su confesión pública, donde admitió que, junto a José Miguel Castro, exgerente municipal, aceptó aportes económicos de empresas privadas que tenían contratos vigentes con la ciudad. "Cometí un grave error del que me he arrepentido desde hace tiempo, y es permitir que empresas que tenían proyectos privados con la ciudad financiaran la campaña", confesó Villarán en una entrevista.

Según la tesis fiscal, Villarán y otros funcionarios habrían recibido más de 11 millones de dólares en aportes de empresas privadas, monto destinado a la campaña contra la revocatoria en 2013. La Fiscalía asegura que estos fondos fueron proporcionados principalmente por constructoras que buscaban influir en la gestión municipal para favorecer sus intereses.

La acusación formal incluye cargos por asociación ilícita, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. La Fiscalía sostiene que Villarán habría encabezado una organización que, mediante acciones ilegales, buscaba proteger su posición como alcaldesa de Lima y asegurar la ejecución de proyectos favorables para las empresas aportantes.

El caso de Susana Villarán ha generado gran expectativa en la opinión pública, ya que representa uno de los procesos judiciales más relevantes en el ámbito político peruano en los últimos años. La exalcaldesa se encuentra actualmente bajo medidas restrictivas mientras espera la fecha del juicio, el cual podría marcar un precedente en los casos de corrupción y financiamiento ilícito en el país.

Este proceso busca esclarecer la presunta influencia de intereses privados en decisiones de gobierno y cómo estos recursos habrían sido utilizados para mantenerse en el poder y evitar su destitución mediante la revocatoria.