La situación legal del expresidente Martín Vizcarra se complica aún más con la solicitud del fiscal Germán Juárez Atoche de imponer una pena de 25 años de prisión por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.
El inicio del juicio oral, ordenado por la jueza Margarita Salcedo, se centra en acusaciones de cohecho pasivo relacionadas con proyectos de infraestructura en Moquegua. Vizcarra, actualmente con impedimento de salida del país e inhabilitado políticamente por 10 años, enfrenta tiempos difíciles.
El testimonio de un colaborador eficaz, José Manuel Hernández, revela supuestas solicitudes de sobornos por parte de Vizcarra a la constructora ICCGSA. La Fiscalía busca ampliar la acusación a colusión, agregando más peso a la solicitud de condena.
Con 61 años de edad, si se le impone la sentencia solicitada, Vizcarra podría pasar el resto de su vida en prisión. Este caso representa un golpe significativo en la lucha contra la corrupción en Perú y demuestra la determinación de las autoridades en perseguir la impunidad en todos los niveles del gobierno.
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