El Ministerio Público ha formalizado una acusación contra el expresidente Ollanta Humala, señalándolo como receptor de aproximadamente 10.5 millones de dólares en sobornos por parte del ‘Club de la Construcción’, en el marco de la adjudicación de 30 proyectos viales durante su gobierno.

La fiscalía le imputa los delitos de cohecho pasivo propio y asociación ilícita para delinquir, solicitando una pena de 13 años de prisión.

Según la tesis fiscal, los pagos ilícitos habrían sido gestionados a través de José Paredes, amigo del exmandatario y hermano del exministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Paredes. Las entregas de dinero se habrían efectuado directamente en Palacio de Gobierno, aprovechando la cercanía de Humala con los involucrados en las licitaciones otorgadas por Provías Nacional, entidad adscrita al MTC.

La investigación forma parte del caso Lava Jato y del esquema de corrupción en el sector construcción, donde diversas empresas coordinaban con funcionarios gubernamentales para asegurarse contratos de infraestructura a cambio de pagos ilícitos.

La defensa de Humala ha rechazado categóricamente las acusaciones, asegurando que no existen pruebas directas que vinculen al exmandatario con los presuntos sobornos. Asimismo, ha cuestionado la imparcialidad de la fiscalía y el uso de testimonios de colaboradores eficaces como principal sustento de la acusación.

El caso será evaluado por el Poder Judicial, que determinará si existen elementos suficientes para abrir un juicio contra el expresidente, quien ya afronta otro proceso penal por el presunto financiamiento ilegal de su campaña presidencial en 2011.