El juicio contra el expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 ya está en marcha. La Fiscalía ha anunciado que presentará 40 testigos y más de 90 pruebas documentales para sustentar las acusaciones de rebelión, abuso de autoridad y conspiración.

El objetivo es demostrar la responsabilidad penal de Castillo y de siete de sus exministros en los hechos ocurridos durante esa jornada.

El Poder Judicial, mediante un auto de enjuiciamiento emitido esta semana, formalizó el inicio del proceso que será llevado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Este tribunal decidirá si Castillo será condenado a los 34 años de prisión que ha solicitado el Ministerio Público.

Por su parte, las defensas de los acusados contarán con 39 elementos probatorios para intentar desacreditar las imputaciones fiscales. Entre sus argumentos, se anticipa que buscarán demostrar que Castillo actuó bajo presión y sin intención de atentar contra el orden constitucional.

Los hechos que llevaron a este juicio comenzaron cuando Castillo anunció la disolución inconstitucional del Congreso, la reorganización del sistema judicial y la implementación de un "Gobierno de excepción". Estas acciones fueron inmediatamente repudiadas por diversas instituciones, incluidos el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y organismos internacionales.

El intento de golpe culminó en la destitución de Castillo por el Congreso y su posterior detención. Desde entonces, permanece en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones en su contra.

El caso ha generado gran expectativa, no solo por la posibilidad de que un expresidente enfrente una condena de esta magnitud, sino también por el impacto político que podría tener en el país. "Este proceso no solo juzga a una persona, sino también a un conjunto de decisiones que pusieron en jaque la democracia peruana", señaló un analista político.

El juicio, cuya fecha de inicio se espera sea anunciada en las próximas semanas, marcará un hito en la historia reciente del Perú y en el papel del sistema judicial frente a los actos de alta traición y corrupción.