El Poder Judicial dispuso que Pedro Castillo sea juzgado por su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, evento que marcó el final de su mandato. Con esta resolución, firmada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, el expresidente enfrentará un juicio donde la fiscalía ha solicitado una pena de 34 años de prisión.

Junto a Castillo, serán procesados los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, para quienes se pide una condena de 25 años, además de Aníbal Torres, exjefe del Gabinete Ministerial, a quien se le solicitan 15 años de prisión. Según la fiscalía, los acusados habrían actuado en complicidad con Castillo para interrumpir el orden constitucional e instaurar un gobierno autoritario.

El caso será manejado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que programará las audiencias y emitirá un veredicto. Los acusados enfrentan cargos por rebelión, además de delitos como abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública en el caso de Castillo.

La investigación incluye a tres altos mandos policiales —el general Manuel Lozada, el comandante Jesús Venero y el teniente Eder Infanzón—, señalados por supuestamente intentar bloquear las funciones del Congreso en apoyo a Castillo.

De los procesados, Castillo y Chávez cumplen prisión preventiva hasta diciembre de 2025. Mientras tanto, Torres, Huerta y Sánchez enfrentan restricciones judiciales, como la prohibición de salir de Lima sin autorización.

La fiscalía presentó la acusación en enero de 2024, y se estima que el juicio comenzará a inicios de 2025. Durante el proceso, los acusados buscarán demostrar su inocencia, argumentando que los hechos no configuran un delito.

Este caso se convierte en uno de los juicios políticos más importantes de la historia reciente del Perú, con implicancias sobre el respeto al estado de derecho y las consecuencias del abuso del poder presidencial.