El Poder Judicial ha tomado medidas inmediatas tras el escándalo que envuelve al conductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', acusado de tráfico de influencias. La Sala Plena de la Corte Suprema decidió conformar una comisión para investigar cuántos jueces de la Corte de Justicia de Lima habrían sido corrompidos por el presentador.

Este grupo está encabezado por los magistrados supremos Elvia Barrios y Ramiro Bustamante, quienes deberán emitir un informe en 15 días.

El detonante fue la revelación de que dos juezas penales tenían vínculos con Hurtado, lo que habría comprometido la imparcialidad de sus funciones. La jueza Paola Valdivia admitió en un programa televisivo que conocía a Hurtado y que él habría remodelado su vivienda. A raíz de estas declaraciones, Valdivia renunció a su cargo en la Segunda Sala de Apelaciones de Corrupción y Crimen Organizado de Lima, alegando que su honorabilidad y desempeño profesional habían sido cuestionados.

La presidenta de la Corte de Lima, María Vidal, también ha sido señalada por presuntamente haber permitido que Hurtado organizara una fiesta en honor al "Día del Juez y la Jueza" en 2023. Además, se ha sugerido que existe una relación cercana entre las familias de ambos, aunque Vidal niega cualquier tipo de favoritismo.

El caso ha sacudido al Poder Judicial, el cual no enfrentaba un escándalo de esta magnitud desde la explosión del caso "Los Cuellos Blancos del Puerto" en 2018.

En tanto, la situación de Hurtado parece agravarse. Su abogado, Julio Rodríguez, renunció tras solo un día de asumir su defensa, y en su lugar, el conductor fue asistido por un defensor público. Además, el informe médico confirmó que Hurtado está "clínicamente estable", descartando problemas de salud graves que puedan interferir con su detención.

Con tres carpetas fiscales abiertas en su contra, el futuro legal de Andrés Hurtado es incierto.