El Poder Judicial dictó este miércoles 2 de octubre 18 meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado, conocido popularmente como ‘Chibolín’, en un caso que involucra acusaciones de tráfico de influencias.

Además, el tribunal impuso comparecencia con restricciones a la fiscal Elizabeth Peralta y al empresario Javier Miu Lei, quienes también están siendo investigados en el mismo contexto.

La decisión del Poder Judicial se basa en una solicitud presentada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que argumenta que existen indicios suficientes para justificar la prisión preventiva de los tres investigados. Estos indicios se relacionan con la presunta comisión de delitos que habrían perjudicado al Estado.

Entre las acciones ordenadas por el tribunal se encuentra el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria de Hurtado y de Roxana del Águila, exsuperintendente nacional de Migraciones. Esta medida busca facilitar la indagación preliminar relacionada con el trámite que realizó el futbolista Roberto Siucho en 2019 para renunciar a su nacionalidad peruana y jugar en China.

Se espera que el levantamiento de estas restricciones permita corroborar posibles transacciones bancarias que puedan evidenciar beneficios indebidos para Hurtado o terceros.

El caso se originó tras declaraciones de Ana Siucho, quien afirmó que su hermano Roberto le entregó un BMW, valorado en más de 33 mil dólares, a Hurtado a cambio de su ayuda para obtener la nacionalidad china. Durante una entrevista en el programa ‘Beto a Saber’, Ana reveló que su hermano fue presionado por Hurtado para que le entregara fuertes sumas de dinero para causas sociales.

Además, se alegó que Hurtado exigió un millón de dólares a cambio de gestionar con la fiscal Elizabeth Peralta la devolución de 100 kilos de oro que habían sido incautados por observaciones aduaneras. Este escándalo ha puesto en el centro de la atención pública las presuntas conexiones de Hurtado con políticos, funcionarios y exalcaldes, quienes habrían sido clientes de las empresas de viajes vinculadas al exconductor.