El Poder Judicial negó el pedido de la defensa de Susana Villarán para declarar prescritos dos delitos que enfrenta en el proceso por presuntos aportes ilícitos a sus campañas políticas. La decisión fue tomada por mayoría por el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, que determinó que los cargos por falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo deberán seguir siendo evaluados durante el juicio oral.

La defensa de Villarán había solicitado que se consideren prescritos los hechos relacionados con la información presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones en 2013 y 2014, alegando que los plazos habían vencido y que, por su edad, correspondía aplicar una reducción conforme al artículo 81 del Código Penal. Además, los abogados de la exalcaldesa y de otros seis acusados invocaron la Ley 31751 —conocida como ‘Ley Soto’— para intentar suspender la acción penal.

Durante la audiencia, el fiscal José Domingo Pérez se opuso señalando que la citada ley ha sido identificada como una norma “procrimen” y recordó que en la etapa intermedia del proceso ya se había decidido no aplicarla. La Procuraduría también cuestionó la estrategia de la defensa, acusándola de insistir en pedidos previamente rechazados y de intentar que el tribunal vuelva a pronunciarse sobre aspectos ya resueltos.

El juzgado coincidió con esos argumentos y señaló que los pedidos de prescripción ya habían sido evaluados antes del inicio del juicio. Además, indicó que no corresponde reevaluarlos en esta etapa, especialmente considerando que el análisis completo del caso exige revisar la conexión entre los hechos cuestionados y los demás cargos que enfrenta Villarán, entre ellos lavado de activos, asociación ilícita y colusión agravada.

Con ello, el tribunal declaró improcedentes los siete pedidos de prescripción presentados por los acusados. Los intentos de revertir la decisión mediante recursos de reposición también fueron rechazados. El proceso continuará en la próxima sesión programada para el 3 de noviembre.