El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria anunció que la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, irá a juicio oral por presuntamente recibir aportes ilegales de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar su campaña contra la revocatoria en 2013.

La decisión se tomó tras concluir el control de acusación por los delitos de lavado de activos, corrupción de funcionarios, organización criminal y otros.

El juez Jorge Chávez Tamariz, encargado del caso, informó que se ha completado el proceso de control formal, sustancial y probatorio, dando paso a la etapa de juicio oral. Este juicio incluye más de cuatro mil pruebas, involucrando a empresas como Odebrecht, OAS, Lamsac y Rutas de Lima, así como a 18 personas naturales y 12 jurídicas, entre ellas varios exfuncionarios de la gestión de Villarán.

El Ministerio Público sostiene que la exalcaldesa habría recibido un total de 11.2 millones de dólares de Odebrecht y OAS, los cuales habrían sido destinados a financiar su campaña para evitar la revocatoria y posteriormente impulsar su reelección como alcaldesa de Lima.

Entre los acusados también figuran su exgerente municipal, José Miguel Castro, y otros exfuncionarios como Domingo Arzubialde y Gabriel Prado, quienes podrían enfrentar penas de hasta 25 años de prisión.

Villarán se encuentra en el centro de este caso desde que se reveló su posible vínculo con estos fondos ilícitos, que habrían sido canalizados a través de su equipo de campaña. Junto a ella, otros exregidores como Jaime Salinas, Marisa Glave, y Zoila Reátegui también están implicados en la presunta recepción de montos provenientes de dichas constructoras.

Además, el fiscal del equipo Lava Jato, Walter Villanueva, ha señalado que la Fundación Unidos para Transformar, creada durante la gestión de Villarán, habría sido utilizada para lavar dinero de origen ilícito.

La acusación sostiene que esta fundación manejó cerca de 400 mil soles provenientes de Odebrecht y OAS.

El juicio representa uno de los mayores procesos judiciales contra una exautoridad local en el Perú, y la sentencia que se emita podría marcar un precedente importante en la lucha contra la corrupción en el país.