El proceso judicial contra el expresidente Martín Vizcarra por presunto soborno en la licitación del proyecto Lomas de Ilo dio un nuevo giro tras las declaraciones de dos testigos que confirmaron que la última palabra en las decisiones sobre el contrato recaía en el gobierno regional de Moquegua, donde Vizcarra ejercía como máxima autoridad.

Edmer Trujillo, exgerente general durante la gestión de Vizcarra como gobernador, y José Donaldo Barrientos, exgerente de Proyectos y Desarrollo Agrícola del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG), dieron su testimonio ante el tribunal este lunes 25. Según Barrientos, el consejo directivo del PERPG, encabezado por el gobierno regional, era la máxima instancia decisoria y estaba al tanto de los contratos.

La Fiscalía acusa a Vizcarra de haber recibido un soborno de un millón de soles para adjudicar la licitación del proyecto, lo que habría ocurrido entre 2013 y 2014, cuando era gobernador de Moquegua. Este proyecto, destinado a la ampliación de la frontera agrícola en la región, involucra un contrato millonario que ahora está bajo escrutinio judicial.

Trujillo, hombre de confianza de Vizcarra y quien ocupó varios cargos durante su mandato regional y presidencial, señaló que las decisiones estratégicas siempre pasaban por la revisión y aprobación del gobernador, reforzando la tesis fiscal de que Vizcarra no solo tenía conocimiento de los hechos, sino que era el principal actor detrás de ellos.

Por su parte, la defensa del expresidente sostiene que las acusaciones carecen de sustento probatorio y que las decisiones en el PERPG fueron tomadas de manera técnica y conforme a las normativas.

El juicio continuará en las próximas semanas, con nuevos testimonios y la revisión de documentación clave que podría determinar el futuro legal del exmandatario. Mientras tanto, este caso sigue marcando un punto crítico en la lucha contra la corrupción en el Perú.