La región de Junín está experimentando una tendencia preocupante en cuanto a la integridad de sus líderes políticos, con los últimos tres gobernadores enfrentando problemas legales. Vladimir Cerrón, exgobernador, ha estado prófugo de la justicia durante seis meses y acumula dos sentencias con pena de cárcel efectiva.

Ángel Unchupaico, quien sucedió a Cerrón, ha recibido dos sentencias entre 2023 y 2024, pero aún se mantiene activo en el ámbito de la radiodifusión y la enseñanza. Por otro lado, el actual gobernador, Zósimo Cárdenas, está siendo investigado por la Fiscalía por presunta corrupción relacionada con la contratación de una empresa sin los debidos requisitos.

Esta serie de problemas legales ha puesto a Junín en el centro de la atención, siguiendo los pasos de Áncash, donde anteriormente cuatro gobernadores regionales enfrentaron detenciones. Los analistas políticos señalan que el voto en Junín no está fuertemente influenciado por la ideología, sino más bien por factores territoriales, políticos y económicos.

El poder político en la región ha sido una batalla entre diferentes movimientos regionales, cada uno con su propia base territorial y respaldo financiero. Esta situación ha llevado a una serie de proyectos de inversión prioritarios en infraestructura, pero también ha aumentado las preocupaciones sobre la corrupción y la falta de desarrollo sostenible en la región.