Por Jaime de Althaus, publicado en Lampadia

Es claro que el artículo de Rafael López Aliaga titulado “¡Corrupción mata inversión!” es una respuesta a mi artículo “Destruyendo inversiones” publicado en El Comercio el 4 del presente mes.  Lo primero que debo hacer es repetir lo que escribí en ese artículo:

No tengo absolutamente nada que ver con Brookfield ni menos con Odebrecht. No tengo ninguna relación de ningún tipo con esas empresas. Por lo tanto, no soy “vocero” ni “emisario” de ellas y mucho menos de la corrupción.

Soy vocero de un principio fundamental de cualquier país que quiera crecer a tasas altas para acabar con la pobreza y la miseria: respetar la propiedad, los contratos, porque sin eso no hay inversión y sin inversión no hay crecimiento no desarrollo.

Odebrecht efectivamente debió ser expulsada del Perú, y cabe lamentar el trato benevolente que ha tenido en el sistema judicial. En ese sentido, podría entenderse la guerra contra la concesión Rutas de Lima si esta hubiera seguido en manos de Odebrecht. Pero no si está en manos de un fondo internacional que no tiene acusaciones de corrupción. Si ese fondo no hubiese comprado el 57% de la concesión, esta seguiría manejada por Odebrecht. Esa situación sí hubiese sido inaceptable. La compra en ese sentido fue un avance, un hecho positivo para la ciudad de Lima. Pero hay una parte minoritaria de la concesión aun en manos de Odebrecht, y la municipalidad no ha autorizado a venderla. ¿Por qué?

El Tribunal Constitucional no cuestionó la validez del contrato, sino que no exista una vía alterna adecuada en la zona norte, lo que es lógico. Y dispuso que suspenda el cobro del peaje hasta que la municipalidad construya la vía alterna, lo que no ha sucedido.

Brookfield compró una parte mayoritaria de las acciones de Odebrecht en Rutas de Lima seis meses antes de que se descubriera en Estados Unidos que existía un esquema internacional de sobornos por parte de esa empresa.

No solo eso: la existencia de pagos ilegales a Susana Villarán se reveló en mayo del 2017, casi un año después de la compra, que fue en junio del 2016.

Justamente, el hecho de que el acuerdo entre Odebrecht y el Departamento de Justicia americano (DOJ) no haya incluido el caso de Rutas de Lima, como señala RLA, confirma que el fondo canadiense no podía estar enterado de los pagos a Susana Villarán. ¿Debió sospechar, considerando que Marcelo Odebrecht estaba sentenciado por un caso interno en Brasil? Con ese argumento, repetimos, nadie debió haber comprado, en cuyo caso Rutas de Lima seguiría en manos de Odebrecht. Dado el tratamiento favorable que esta empresa recibió en el proceso lavajato nacional, la adquisición por el Fondo Brookfield fue la menos mala de las salidas para el Perú.

Por eso, el hecho concreto es que el ataque al concesionario actual, que no es Odebrecht,  afecta seriamente la seguridad jurídica en general y el desarrollo vial por medio de concesiones viales (APP) en particular. Por ejemplo, es imposible que algún otro fondo de inversión internacional importante considere participar en una APP luego de lo ocurrido con Rutas de Lima, y luego de que un juez como el de Lurín, por ejemplo, pueda suspender un peaje. Cualquier comité de riesgos inmediatamente bloquearía la decisión.

Tampoco las AFP o las nuevas administradoras de fondos o las compañías de seguros invertirán en APP luego de los elevados montos que invirtieron comprando bonos de Rutas Lima, que ahora valdrán nada, depreciando los fondos previsionales en perjuicio de los afiliados. 

Fuera de las millonarias reparaciones que probablemente los peruanos tengamos que pagar luego de los fallos de los tribunales internacionales.

A mi juicio, el daño reputacional causado por la municipalidad de Lima es inconmensurable.