Por Carlos E. Gálvez Pinillos, expresidente de la SNMPE

Nuestro país está claramente controlado por la actividad delictiva y, las instituciones llamadas a combatir el delito, están altamente influenciadas por mafias y organizaciones político-delictivas, que impiden o mediatizan el accionar del Estado para que los ciudadanos logremos justicia.

Estoy seguro que muchos dirán que lo afirmado es una exageración, pero me gustaría hacer el recuento de algunos elementos a considerar:

• El sistema de justicia ha adoptado una posición en extremo “garantista”, en defensa de los delincuentes. Este sistema que es laxo con los delincuentes, es en extremo punitivo con la policía que cumple su rol.
• Lo dicho ha permitido el crecimiento descontrolado de la extracción ilegal de minerales, el narcotráfico, el tráfico de terrenos, la tala ilegal, el sicariato, el robo y la extorsión, que han hecho del Perú su destino más confortable y rentable, que fomenta el crecimiento de las economías delictivas.
• Tales economías delictivas, brindan el financiamiento ilegal de campañas políticas de congresistas, quienes legislan en favor del delito. Esto mismo ocurre con gobernadores y alcaldes, quienes, en el terreno permiten que la actividad ilegal se pueda ejercer libremente.
• La fiscalía, aquella que, por ejemplo, firmó en febrero de 2019 el “acuerdo de colaboración eficaz” con Odebrecht (con el desesperado apoyo de Vizcarra, IDL y sus dirigentes), hasta hoy no resuelve. Debemos exigir la desclasificación y publicación de este acuerdo y sancionar a los responsables.
• Debemos impedir por todos los medios, que el Congreso siga aprobando y promulgando leyes que favorezcan a la actividad delictiva, pues se está construyendo una red delictiva de congresistas, jueces, fiscales y policías, con intervención de ONGs.
   

Pues bien, hoy estamos desbordados.

Hoy, los transportistas, legales e ilegales de la ciudad de Lima, también están padeciendo la extorsión y el asesinato de quienes no quieren pagar cupos. Ya no estamos hablando de empresarios medianos o grandes, sino de bodegueros, choferes, cambistas, operadores de pequeños restaurantes populares y hasta carretillas.

En esencia, nos referimos a terroristas que, organizados en mafias, amenazan y aterrorizan también a jueces, fiscales y sus familias.

Mientras tanto, la presidente de la república y los ministros de Estado, están ocupados en ocultar información respecto a las actividades del “cofre” o en defenderse de acusaciones de congresistas y fiscales, respecto de sus acciones o las de su círculo más íntimo. En esas circunstancias, ¿quién se ocupa de la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la ley?

Aunque ya bastante tarde, por el avance permitido a la delincuencia, el gobierno salió a declarar estado de emergencia por 60 días, en 13 distritos de Lima y en Ventanilla, puesto que los transportistas (más de 33 empresas) optaron por suspender el servicio y, tanto colegios como universidades optaron por las “clases virtuales”. Léase, un claro reconocimiento de que las cosas escaparon de su control. Una declaración de emergencia y un anuncio de que las FFAA (fuerzas armadas) apoyarán a la PNP (policía nacional), no son acciones suficientes para manejar esta situación.

El Estado peruano cuenta legalmente con el Consejo de Seguridad del Estado, el que, bajo el liderazgo y presidencia de la presidente de la República y la participación de los ministros del Interior, Defensa, RREE, Justicia y DDHH, Economía y Finanzas, el jefe del CCFFAA (comando conjunto) y del Comandante General de la PNP, deben invitar al presidente del Congreso, del Poder Judicial y al Fiscal de la Nación, para estructurar un plan integral de trabajo, que cuando menos debe contener:

• Análisis conjunto de la situación, para alinear conceptos, objetivos y procedimientos.
• Eliminación de “zonas grises” en la definición de actos delictivos y propuestas de ley.
• Clara definición de procedimientos para la detención y enjuiciamiento de delincuentes capturados en flagrancia. Establecimiento de procedimientos sancionadores para jueces y fiscales que los liberen. No puede ser, que un delincuente tenga más garantías que un ciudadano afectado o que la autoridad interviniente.
• Depuración de jueces y fiscales que hayan liberado delincuentes y que no hayan actuado diligentemente para cumplir con los plazos requeridos por la flagrancia.
• Gestión de una ley que permita reimplantar, para estos casos, los jueces sin rostro y fiscales protegidos.
• Regresar al fuero de justicia militar, todos los procesos que afecten a policías y militares que participen en actos del servicio, donde resulten afectados delincuentes.
• Incrementar, con carácter de URGENCIA, penales de alta seguridad como los de Challapalca y Yanamayo.

Reconociendo que, tenemos en el país un accionar delictivo de alcance internacional, no podemos tener legislación ni procedimientos más laxos que los de nuestros vecinos, pues de otro modo, se les estaría invitando a refugiarse en el Perú y hacer de nuestro país, su principal destino.

Es evidente que, esta tarea, ya excedió las capacidades del poder ejecutivo, por lo tanto, deben concertar, a través del Consejo de Seguridad del Estado, con el sistema judicial y, de ser posible, con el Congreso, aunque 60% de congresistas son procesados y el presidente del mismo está ligado a la minería ilegal y sus tentáculos, lo que no resulta el escenario más auspicioso.

Retirar de los gobiernos regionales y ministerios, a funcionarios, de elección o contratados, que hayan estado vinculados a la minería ilegal y otras actividades delictivas. No es aceptable que tengamos como funcionarios y asesores en la presidencia de la república, el Congreso y gobiernos regionales, a gente ligada a esas actividades delictivas.

La PNP debe fortalecer su labor de inteligencia para desarticular estas organizaciones criminales. Ellos conocen a los cabecillas de esas organizaciones delictivas y deben orientar sus esfuerzos a capturar a sus líderes y miembros más encumbrados.

Lo que el gobierno está haciendo, es muy poco y muy tarde.