Por Aurelio Pastor, socio fundador de Aurelio Pastor & Abogados

El Perú enfrenta una paradoja que ya no puede seguir ignorándose. Nuestro aparato estatal no es necesariamente mucho más grande que el de países vecinos como Chile o Colombia en términos de cantidad de trabajadores públicos, pero sí resulta muchísimo más costoso, menos eficiente y crecientemente insostenible para una economía que todavía lucha contra la informalidad, la inseguridad y la precariedad de sus servicios básicos.

En el Perú, los trabajadores públicos representan aproximadamente entre el 8% y el 10% de la población económicamente activa. Chile tiene proporciones similares, e incluso Colombia posee un aparato estatal relativamente menor. Sin embargo, mientras en Chile el gasto destinado a remuneraciones públicas bordea aproximadamente el 20% del presupuesto nacional y en Colombia se mantiene en rangos cercanos al 15% o 20%, en el Perú ese porcentaje ya se aproxima peligrosamente al 36% del Presupuesto General de la República.

Es decir, más de un tercio del presupuesto nacional termina absorbido por planillas, remuneraciones, obligaciones sociales y gasto corriente estatal.

El problema no radica en cuestionar la existencia de maestros, médicos, policías o jueces. Todo Estado moderno necesita servidores públicos. El verdadero problema es otro: el Perú está pagando un aparato estatal demasiado costoso para el nivel de resultados que entrega.

La sensación cotidiana del ciudadano es brutalmente clara. Se paga mucho Estado, pero se recibe poco Estado. La inseguridad crece, la justicia continúa siendo lenta y muchas veces inaccesible, los hospitales públicos permanecen colapsados y la educación estatal sigue mostrando enormes brechas de calidad. A ello se suma una burocracia excesiva, duplicada, frecuentemente politizada y escasamente evaluada por resultados.

Mientras tanto, millones de peruanos sobreviven en la informalidad, sosteniendo con esfuerzo propio la economía nacional, pagando impuestos indirectos y financiando un aparato que muchas veces no les devuelve servicios eficientes.

El próximo gobierno tendrá que enfrentar este debate con valentía. El Perú necesita una profunda reforma del Estado que no pase simplemente por despedir trabajadores, sino por rediseñar completamente la lógica del gasto público. Necesitamos un Estado más pequeño en gasto corriente, pero muchísimo más fuerte en capacidad de gestión.

El objetivo nacional debería ser acercarnos gradualmente a estándares comparables con países como Chile: reducir significativamente el peso del gasto burocrático, racionalizar estructuras, eliminar duplicidades, profesionalizar el servicio público y concentrar recursos en las funciones esenciales del Estado: seguridad, justicia, salud y educación.

No se trata de destruir el Estado. Se trata de salvarlo de la ineficiencia.

Porque ningún país puede aspirar al desarrollo cuando una parte tan grande de sus recursos termina sosteniendo un aparato que cuesta demasiado y resuelve demasiado poco.