Por José Antonio Torres Iriarte, publicado en El Reporte

El Ministerio Público no siendo un Poder del Estado,  se convirtió en los últimos años en un suprapoder al servicio de intereses subalternos. No puede negarse que especialmente desde mediados del 2018, la Fiscalía de la Nación ha actuado en muchos casos con un claro sesgo político.

La autoridad y jerarquía del Fiscal de la Nación Pedro  Chavarry fue desafiada en su momento por los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, quienes desde el Equipo Especial Lava Jato asumieron un protagonisno mediático y político impropio en un Estado de Derecho. Los medios de comunicación adscritos a los grupos "El Comercio", "La República" y RPP en especial convirtieron a ambos fiscales en protagonistas de la vida política nacional. 

El Acuerdo de Colaboración Eficaz entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht se mantuvo en absoluta reserva, siendo revelado solo hace unos meses, como consecuencia de la acción de habeas data interpuesta por el comunicador Phillip Butters y el abogado Wilber Medina.

La trama de Odebrecht no tiene fin, las investigaciones y procesos en curso han marcado la política nacional desde las elecciones generales del 2016. La detención en tres oportunidades de Keiko Fujimori, el largo proceso "Cócteles" ha sido utilizado como un arma política contra el fujimorismo. La muerte del presidente Alan García merece ser investigada, más aún luego de conocerse (hace pocos días) las declaraciones del ex Jefe de la DIVIAC Coronel (r) Harvey Colchado.

El Fiscal de la Nación Pedro Chavarry fue cuestionado arteramente por el hoy procesado Martín Vizcarra y acosado mediáticamente por los medios solventados por el erario nacional, con transferencias millonarias bajo el concepto de publicidad estatal. 

Los Fiscales de la Nación, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos actuaron como incondicionales de Martín Vizcarra y del Instituto de Defensa Legal. Gustavo Gorriti desde el Instituto de Defensa Legal (IDL) se convirtió en censor de la vida nacional. A mediados del 2018, de manera selectiva fueron difundidos los llamados "audios de la verguenza", denunciándose  la existencia de una organización criminal que supuestamente controlaba la Corte Superior del Callao.

Los magistrados titulares y suplentes del Consejo Nacional de la Magistratura fueron destituidos por el Congreso. Se impulsó una reforma constitucional, creándose la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del otrora Consejo Nacional de la Magistratura.

La reciente decisión adoptada por la actual JNJ en relación a la Fiscal de la Nación Delia Espinoza, no debe llamar la atención. La suspensión por seis meses, en mi concepto no constituye un acto arbitrario, toda vez que  la Fiscal de la Nación Delia Espinoza de manera sistemática se negó a cumplir los mandatos de la JNJ, incurriendo en desacato.

El Ministerio Público convertido en instrumento político requiere virtualmente una "refundación" o reforma institucional que va más allá del ámbito normativo. Desde la defensa legal de la Dra Espinoza, se sugiere que existe un plan urdido por un determinado partido político. No debe confundirse el libre ejercicio de la abogacía, con la militancia partidaria. Por el contrario se ha convertido en una práctica común, pretender señalar e incriminar a determinados partidos políticos señalándolos como organizaciones criminales. 

Por otro lado el país se encuentra en una etapa pre electoral. Las elecciones internas en los partidos políticos deben realizarse entre el 30 de Noviembre y el 7 de Diciembre. La reforma política promovida por Martín Vizcarra y diseñada por la Comisión de Alto Nivel que presidió Fernando Tuesta, ha incentivado la multiplicación de partidos políticos sin doctrina, sin militantes con trayectoria acreditada y que han incurrido incluso en acciones dolosas, falsificando miles de firmas de supuestos adherentes. La inacción de los organismos electorales ha sido manifiesta. No sería difícil impulsar una auditoria electoral y realizar elementales pesquisas para comprobar que los nuevos partidos políticos inscritos ante el Registro de  Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones han violado la ley, siendo mayoritariamente "vientres de alquiler".

No descarto que la mayoria de las nuevas organizaciones políticas son financiadas por la mineria ilegal y el narcotráfico. La precarización de la política es evidente. Las elecciones generales del próximo año estarán marcadas por la multiplicidad de partidos, símbolos y candidatos. La cédula de votación de gran dimensión, con apariencia de "papelógrafo".

Debe reconocerse que los congresistas en ejercicio cuentan con cierta ventaja, respecto a los pre candidatos y futuros candidatos en los comicios generales 2026. Considero oportuno que en los próximos meses se suspenda la "semana de representación" que en los hechos se ha convertido en un espacio de proselitismo político. 

Es oportuno que los servicios de inteligencia, actuén coordinadamente para neutralizar el accionar de grupos extremistas interesados en promover la violencia durante el desarrollo de la próxima campaña electoral. 

Si en el pasado, Sendero Luminoso impulsaba los llamados "paros armados" para sembrar el terror en el país y evitar la asistencia de los electores a los centros de votación, hoy el país debe defender el derecho al sufragio y la transparencia electoral.

El Perú necesita un Ministerio Público autónomo y organismos electorales que garanticen comicios libres y transparentes.