Por Alfonso Baella Herrera

La historia del Perú parece escrita por manos que nunca se muestran. En los tribunales y en los titulares se escenifica un drama que se repite: fiscales convertidos en cruzados, jueces que confunden justicia con espectáculo y una prensa que se alimenta del morbo y la sospecha. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que pone fin al llamado “Caso Cócteles” no cierra una herida: revela la magnitud de una enfermedad más profunda. No se trató solo de un proceso judicial, sino de un mecanismo de demolición política y moral, donde la verdad fue reemplazada por la narrativa de la acusación.

El país ha sido testigo de cómo Pedro Chávarry, Aladino Gálvez, Rodríguez Monteza, Ricardo Briceño, Edwin Oviedo, Keiko Fujimori o Jaime Yoshiyama -dentro de una listas de decenas o cientos- fueron arrastrados en su momento al patíbulo mediático. La justicia se volvió un circo donde las condenas y la prisión se dictaron antes que las pruebas, y los titulares reemplazaron a las sentencias. El Ministerio Público y el Poder Judicial —instituciones que debieron ser guardianes de la legalidad— fueron infiltrados por un poder paralelo, hábil en el manejo de fondos, medios y emociones colectivas. Lejos de terminar este padecimiento se reorganizan ahora a tono con las elecciones. Quieren volver a intervenir judicialmente para hacer lo que no pueden y nunca han podido con votos.

Ese poder tiene un nombre: la red internacional de ONGs que, bajo la máscara de la “ética”, la “integridad” y los “derechos humanos”, se ha infiltrado en el sistema judicial y político del país. Se presentan como capacitadores, asesores o promotores de justicia social, pero su verdadera misión es el control ideológico. Dividen a la sociedad en fragmentos enfrentados: mujeres contra hombres, jóvenes contra adultos, campo contra ciudad. No buscan justicia, sino hegemonía moral. Usan la pobreza como bandera y la culpa como herramienta.

Su estrategia es tan simple como eficaz: ocupar el espacio que dejó la política tradicional y sustituir la soberanía nacional por la agenda globalista. Financian proyectos, dictan discursos y moldean conciencias en los poderes e instituciones del Estado. Han logrado que los fiscales crean servir a la patria cuando, en realidad, sirven a fundaciones extranjeras que deciden qué causas se impulsan y a quién se destruye. Han convertido la justicia peruana en una sucursal de intereses ajenos y el deber de servir al ciudadano en servilismo a quienes los han cooptado.

Por eso, las elecciones del 2026 no serán un simple enfrentamiento entre izquierda y derecha, sino entre la verdad y la mentira; entre un país libre y otro secuestrado. El Perú debe recuperar su independencia moral y política. No podemos seguir siendo un laboratorio de ingeniería social financiado desde el extranjero ni una república gobernada por jueces que obedecen ONGs en lugar de la Constitución.

Ha llegado la hora de decir basta. El Perú no puede seguir postrado ante la mentira organizada. Como advirtió Chesterton: “La verdadera libertad consiste en el derecho de decirle a la gente lo que no quiere oír.” Y hoy, lo que muchos no quieren oír es que nuestra justicia ya no nos pertenece. Es hora de recuperarla.