Por Fernando Rospigliosi

Se acaba de reabrir un proceso penal contra 32 marinos que participaron en la operación para debelar el motín senderista en el penal El Frontón en 1986, hace 39 años. Solo un sistema judicial politizado y prevaricador, controlado de la mafia caviar, es capaz de perpetrar semejante abuso, sin el más mínimo sustento jurídico.

​A eso dedican su tiempo y energías la fiscalía y el Poder Judicial, a perseguir a los militares y policías que salvaron al Perú de caer en manos de las hordas terroristas, mientras la delincuencia campea a sus anchas, aterrorizado a todos los peruanos.

​En junio de 1986 se realizó en Lima un congreso de la Internacional Socialista, partido al que pertenecía el Apra, en el gobierno en ese entonces. Para aprovechar la cobertura mediática internacional, Abimael Guzmán ordenó un motín en todos los penales, donde los presos terroristas prácticamente tenían el control. El presidente Alan García ordenó reprimir el levantamiento.

​En la isla El Frontón, los terroristas habían construido fortines, secuestraron policías y se hicieron de sus armas, y resistieron violentamente a los FOES e Infantes de Marina. En el combate murieron 3 marinos y un policía tomado en rehén, al que asesinaron, y muchos quedaron heridos.

​La acusación contra los marinos es que usaron excesivamente la fuerza contra los criminales terroristas y que cometieron un delito de lesa humanidad, el pretexto de la mafia caviar para perseguir interminablemente a las fuerzas del orden.

​El Tribunal Constitucional determinó en 2014 que no hubo delito de lesa humanidad en ese caso. Y la ley vigente 32107 establece que no se puede aplicar ese criterio a hechos ocurridos antes de 2002. Pero la mafia caviar hace caso omiso a leyes y sentencias cuando se trata de perseguir a los militares, y sus magistrados han reabierto otra vez el proceso, 39 años después.

​Otro caso es el de Keiko Fujimori y militantes de Fuerza Popular, cuyo juicio ha sido anulado y devuelto a una etapa intermedia, al demostrarse que la acusación estaba mal hecha y carecía de sustento. Como fue evidente desde el principio, se trataba de una persecución política orquestada por la mafia caviar y sus fiscales Rafael Vela y José Pérez. No obstante, tuvo decisivas repercusiones políticas perjudicando a Fujimori, que era lo que buscaban esos magistrados politizados y prevaricadores.

​Una docena de dirigentes apristas están procesados por un supuesto aporte de campaña no declarado a Luis Alva Castro en 2006, cuando eso, en caso de haber ocurrido, no era delito. Como varios apristas han sido congresistas, han dejado que transcurran los 5 años en que tienen protección, para reiniciar el proceso.

​El juez Raúl Justiniano, que el 27 de marzo fue el primero en aplicar la ley 32107, determinando que un grupo de militares y policías no podían ser acusados por hechos ocurridos en 1991 aduciendo lesa humanidad, fue sancionado pocos días después con seis meses de suspensión por otros asuntos. ¿La venganza de la mafia?