Por Martha Chávez, publicado en Expreso

Siempre he cuestionado la generalización en que caen algunas personas, sobre todo analistas, comentaristas u opinólogos, que prefieren el camino del menor esfuerzo y obvian distinguir situaciones.

Por ello, en modo alguno voy a caer en esa mala costumbre al referirme a los indicios cada vez mayores de corrupción que se van haciendo públicos y que comprometen a funcionarios del Ministerio Público, especialmente a fiscales encargados de la persecución del delito de lavado de activos o de la corrupción en el poder.

No se requieren estudios ni título de abogado para saber que perseguir el delito de lavado de activos tiene gran importancia para una sociedad que desea vivir en valores, ya que ese delito está íntimamente vinculado a otros delitos y especialmente al gran azote que significa la corrupción en la función pública, a los que aporta la posibilidad de disimularlos y de permitir que los responsables oculten y dispongan —”disfruten”— de recursos mal habidos, robados a los demás y al Estado mismo.

No tengo duda de que, junto a fiscales y jueces preparados y honestos, hay una minoría de fascinerosos que, casi siempre contando con grado académico y título profesional obtenidos de manera fraudulenta o, por lo menos, irregular, usan el cargo que ostentan para favorecer y ser parte del delito que se suponía debían combatir.

Obvio que la especialidad, experiencia y continuidad en una función fiscal son un activo, pero también es innegable que ello puede convertirse en un riesgo cierto de que los encargados terminen siendo contaminados por la lacra que enfrentan. Por ello, ante el más mínimo atisbo de falta de integridad o decisión en el desempeño, deben aplicarse medidas de prevención y limpieza que impidan el empeoramiento de la situación de riesgo detectada.

Lo que cada día se conoce de equipos formados, a dedo, en el Ministerio Público para combatir el delito de lavado de activos y la corrupción en la función pública muestra no solo la participación de individuos en modo alguno idóneos para la función, sino, peor aún, la posible existencia de un andamiaje o estructura en el que esos funcionarios son pieza de una maquinaria de corrupción o de una nefasta organización criminal.

La indiferencia con la que hasta ahora viene actuando la alta jerarquía de la institución no solo es preocupante, sino que apunta a una posible complacencia o complicidad.

¡Que luego no lamenten que el ajuste les venga desde otras instituciones!