Por Augusto Cáceres Viñas

En diciembre del 2016, hace ocho años, se destapó el caso Odebtrech, en USA y, luego en el Perú y el mundo, no por alguna investigación o capacidad de nuestros fiscales o jueces, sino por las de los funcionarios judiciales de los Estados Unidos. 

La gran sorpresa con la que se recibió en el Perú este exorbitante caso de corrupción, conmocionó a todos, miles de peruanos se habían relacionado con esa empresa, hasta ese momento una de las más prestigiosas e importantes del país. 

Los más sorprendidos fueron los fiscales y jueces que ni siquiera habían pensado, intuido y menos investigado absolutamente nada al respecto. 

La investigación de los norteamericanos destapó la olla de una mega corrupción internacional, ideada y liderada por Odebretch en Sudamérica y en todos los países donde operaban. 

En Brasil el caso lavajato, predecesor del escándalo Odebretch, en el 2014, puso de manifiesto una adecuada y muy prolija investigación de los fiscales y jueces brasileños que involucraba a políticos y autoridades brasileñas; congresistas, el presidente Lula y su sucesora Dilma Ruseff. 

En nuestra patria, el caso Odebretch coge al ministerio público peruano y a los fiscales, con los “pantalones abajo” por decir lo menos. En el 2016 el fiscal de la nación era Pablo Sánchez y los fiscales supremos; Ramos Heredia, destituido luego por su presunta relación con el caso Orellana y la “centralita”, Arce Córdova, y Rodriguez Monteza, también destituidos, posteriormente, por estar probablemente comprometidos en el caso “los cuellos blancos del puerto”. Como ven, casi todos los fiscales supremos tenían mucho que esconder. 

Esos “eminentes” magistrados, formaron a fines del 2016, el equipo lava jato en el Perú y designaron a los fiscales Vélez y Pérez, a los que mimaron, alentaron y complacieron para que desviaran su “investigación” y la mirada de los medios y la opinión pública, hacia los políticos y autoridades de turno para alejar la atención de los peruanos, de los gravísimos delitos en los que estaba involucrada la cúpula de la fiscalía y el CNM, organismo que nombraba y destituía a jueces y fiscales. 

A partir del 2017, se inició la persecución judicial en contra de los políticos y autoridades, con la complicidad de los mismos políticos y autoridades que ilusamente cambiaron normas y leyes, a pedido de los fiscales, para que al final, los puedan perseguir a perpetuidad, el caso más patético es el de PPK que les dio las armas legales a los fiscales, que poco después lo perseguirían y arrestarían por años. 

Sin embargo, los fiscales supremos de ese entonces y sus adlatares; los fiscales Vélez, Pérez y muchos más, no tenían, ni tienen la capacidad intelectual para urdir y menos poner en práctica un plan de semejante envergadura, sino que fueron y son funcionales, a pequeños grupos de sujetos que siempre despreciaron a los políticos porque se consideran superiores, en todos los sentidos a ellos, y al resto de los peruanos. Estos pequeños grupúsculos de seudo intelectuales, que encabezan e integran instituciones y ONGs, financiadas desde el exterior, infiltraron y manipularon los hilos de la fiscalía y el poder judicial desde las sombras. Por ello, Sánchez, un oscuro y desconocido fiscal, elegido como fiscal de la nación el 2016, les resultó el espécimen perfecto para establecer un esquema persecutorio, con el cual han llegado a poner, contra la pared a todo el sistema democrático y a los políticos desde el 2017 en adelante, estableciendo una perversa y corrupta dictadura judicial. 

¿Porque perversa y corrupta?

Dedicados a perseguir a los presidentes, congresistas, gobernadores, alcaldes y sus entornos familiares y amicales, de manera implacable y, en muchos casos, de forma absolutamente arbitraria e injusta, desviaron la atención de la delincuencia y criminalidad. Mientras los fiscales convertían en organizaciones criminales, sin son ni ton, a partidos políticos, funcionarios estatales y autoridades electas para meterlos presos preventivamente por años e “investigarlos” por décadas, en procesos interminables, haciendo gala de un grosero y mediático  despliegue policial, atizando el morbo de los medios de comunicación convirtiendo a la política en una burda crónica roja, e inventando despropósitos inconstitucionales como la detención preliminar, mientras que, las verdaderas organizaciones criminales dedicadas al narcotrafico, trata de personas, tráfico de tierras, contrabando, minería ilegal, tráfico de armas, la extorsión, el secuestro y sicariato, entre otras más, compuestas por reales mafias y bandas, se desenvolvieron, organizaron, y desarrollaron como “Pedro en su casa”, a lo largo y ancho del Perú. 

De esa forma lograron que, la opinión pública pensara y creyera  que el sistema judicial era lo “máximo”, por realizar shows mediáticos donde se ultraja a políticos y autoridades pública mediáticamente, mientras la verdadera criminalidad en el Perú crecía sin ningún problema. Los gobiernos de PPK, Vizcarra, Sagasti, Castillo y Boluarte, de la manera más necia y estúpida, se prestaron al juego de las mafias que manipulan el sistema judicial,  poniendo ingentes sumas de dinero, policías y recursos en grupos policiacos con los cuales se consolidó esta dictadura judicial y se destruye la honra y el honor de muchos ciudadanos y políticos que son sus adversarios ideológicos, o incómodos a sus mezquinos intereses. La perversidad con la que actúan cientos de fiscales es nauseabunda y criminal, porque actúan de manera impune escudados tras el poder que la nación les ha entregado, con lo cual se han convertido en dictadores judiciales. 

Sin embargo, mientras los fiscales están distraídos en sus absurdas y miserables persecuciones, el país implosiona. 

Hoy, gracias a ellos, estamos desbordados por la criminalidad, en donde las verdaderas organizaciones criminales han tomado el poder real y lo están ejerciendo a sangre y fuego, mientras que la fiscalía, el poder judicial y la policía nacional deambulan sin rumbo y con temor ante este hecho. 

Los asesinos, extorsionadores, secuestradores, narcotraficantes, mineros ilegales y traficantes de todo tipo, no son los desconcertados políticos y funcionarios que sacados esposados de sus viviendas en las madrugadas solo desean reivindicar su buen nombre y honor mancillado, ¡No!  Esos, los verdaderos criminales, ahora ya bien organizados después de siete largos años de accionar a su antojo y sin oposición ya tomaron el control del país, y por ello matan sin piedad y sojuzgan a todos los que se les oponen; policías, jueces, fiscales y a sus familias, y ellos lo saben. Es por eso que la actual y supuesta lucha contra la inseguridad ciudadana, es una farsa total. 

Del mismo modo que, la acción de Vélez, Pérez y compañía en el caso Odebretch, fue una absoluta patraña, porque dedicados a perseguir judicial y mediáticamente a los políticos peruanos, culpables o no, se les perdonó de todos sus crímenes a Odebretch y sus mafiosos directivos, quienes engañaron vil y grotescamente a Vélez y Pérez. Hoy, esa gavilla de delincuentes brasileños están libres y con toda la plata que nos robaron. Todos ellos, lejos del Perú han renegado de sus declaraciones iniciales y han dejado como tontos, a todos los peruanos, por culpa de nuestros ineptos fiscales, a punto de no existir, en la actualidad, las pruebas sobre la supuesta culpabilidad de los enjuiciados políticos peruanos. 

Pero no se confundan, los políticos y gobernantes de toda índole que le han robado al Estado deben estar presos,  ningún criminal debería salir impune, pero en su debida proporción y con justicia. 

Por todo ello, este ministerio público y poder judicial deben ser profundamente reformados, desde sus cimientos, para que terminemos, de una vez por todas, con esta dictadura judicial corrupta y canalla que cobardemente se esconde y le corre a los criminales, por incapacidad y miedo, mientras hacen la finta y persiguen a los políticos y autoridades para distraer a los medios y a la opinión pública, poniendo en jaque al sistema democrático, y el Perú cae en manos del las verdaderas mafias y organizaciones criminales nacionales y extranjeras, que te matan por siete soles. 

Increíble, pero cierto. La dictadura judicial operada por las mafias caviarizadas sera reemplazada, inexorablemente, por una nauseabunda república delincuencial, si es que no licenciamos a los corruptos, perversos e incapaces fiscales y reformamos profundamente el sistema judicial.