Por Augusto Cáceres Viñas, médico y gestor público

En el Perú, hablar de fraude electoral se ha convertido en un acto casi prohibido. No por falta de razones, sino por la imposición de un concepto: el llamado “fraudismo”, un término acuñado y difundido por la izquierda y los llamados caviares para desacreditar, ridiculizar y silenciar a quienes cuestionan procesos electorales.

Ese término no es inocente. Ha cumplido su objetivo: atemorizar a los tibios, disciplinar a sectores democráticos y hacer que incluso en la derecha muchos duden antes de decir lo evidente. Se ha instalado la idea de que denunciar irregularidades es poco menos que un acto antidemocrático.
Nada más peligroso.

Porque la democracia no se defiende callando, sino vigilando.
En el año 2021, el Perú vivió un proceso electoral profundamente cuestionado. Más de 800 actas fueron observadas y se solicitó su revisión. El Jurado Nacional de Elecciones, tras admitir inicialmente el pedido, lo rechazó por un argumento formal: el horario de presentación.
Se priorizó la forma sobre el fondo.

El resultado fue una elección definida por apenas 40 mil votos, en medio de dudas que nunca fueron plenamente despejadas. Para muchos peruanos, y me incluyo, allí no solo hubo irregularidades: hubo fraude.
Un fraude que no se expresó necesariamente en imágenes burdas o escenas grotescas, sino en mecanismos más sutiles: control territorial en zonas rurales, presión sobre miembros de mesa, exclusión de personeros y ausencia de fiscalización efectiva.
Allí, donde el Estado llega débil o no llega, la voluntad popular puede ser distorsionada.

Pero el país siguió adelante. La desastrosa gestión de Pedro Castillo, los escándalos de corrupción, Sarratea, el intento de golpe de Estado, terminaron por enterrar el debate. No porque se resolviera, sino porque fue políticamente desplazado.
Hoy, en 2026, la historia parece repetirse.
Ya no con los mismos actores, pero sí con un patrón inquietante.

El proceso electoral del 12 de abril ha estado marcado por fallas logísticas graves:
material electoral que no llegó a tiempo, mesas instaladas fuera del horario legal, ciudadanos impedidos de votar.
No se trata de hechos aislados. Se trata de un patrón que ha afectado el ejercicio del derecho fundamental al sufragio.

Y aquí es donde la pregunta es inevitable:
¿puede considerarse legítimo un proceso en el que miles de ciudadanos no pudieron votar por responsabilidad del propio sistema?

Para muchos, y nuevamente me incluyo, la respuesta es clara: no.
Porque cuando el voto no puede ejercerse, la democracia se deforma.
Y cuando esa deformación no se corrige, el resultado queda bajo una sombra inevitable.
La sombra del fraude.

A esto se suma un dato político inquietante: ya no existen, en la práctica, mecanismos efectivos de corrección. El propio sistema ha cerrado la puerta a soluciones como elecciones complementarias en los términos que el sentido común democrático exigiría.
En ese escenario, el desenlace se vuelve previsible.

Es altamente probable que Rafael López Aliaga quede fuera de la segunda vuelta, y que en su lugar avance un candidato que ha optado por una estrategia evidente: mimetizarse con Pedro Castillo, capturar ese electorado y radicalizar el discurso.
Sánchez no es una incógnita. Es la continuidad de un proyecto.

Y si llega al poder, el país enfrentará un camino conocido: estatismo, asamblea constituyente, debilitamiento institucional y confrontación social.
Un salto al vacío.
Pero el riesgo no termina allí.

Porque si el patrón del 2021 se repite, el siguiente paso será consolidar el resultado en aquellos espacios donde el control es menor y la fiscalización más débil: las zonas rurales.
Ahí donde ya se ha visto antes:
presión de actores locales, ausencia de personeros, limitaciones de acceso, manipulación del entorno electoral.
No hace falta un “anforazo” visible para distorsionar una elección.

Basta con controlar el proceso donde nadie mira.
Estamos, entonces, ante algo más profundo que una disputa electoral.
Estamos ante una lucha entre dos concepciones del país.

Entre democracia y control.
Entre libertad y sometimiento.
Entre el bien y el mal político.

Puede sonar duro, pero es la realidad que muchos perciben.
Si el Perú toma el camino equivocado, no será un retroceso menor: será un retorno a modelos que ya han fracasado, que empobrecen y dividen, que destruyen en nombre de una falsa justicia social.
Por eso este no es momento para tibiezas.

Los demócratas tienen la obligación de hablar claro, de enfrentar narrativas impuestas y de no dejarse intimidar por etiquetas diseñadas para silenciar.
El Perú necesita coraje cívico.
Porque la historia ha demostrado que cuando las sociedades callan frente a las distorsiones del poder, terminan pagando un precio mucho más alto.

Hoy, esa amenaza vuelve a tomar forma.
La bestia tiene mil caras.
Y esta vez, viene con sombrero.