Editorial El Comercio

Un informe del programa “Cuarto poder” reveló el último domingo que en el Congreso de la República trabajan no menos de diez personas que figuran en el planillón del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de Sendero Luminoso que, oportunamente, fue impedido de inscribirse en el registro de organizaciones con derecho a participar en los procesos electorales en el país. Como se recuerda, esa medida fue una respuesta al hecho de que el movimiento en cuestión se reclamaba seguidor del llamado “pensamiento Gonzalo”, elucubración teórica del cabecilla terrorista Abimael Guzmán para justificar sus asesinatos. A una gavilla de sujetos que quieren dinamitar la democracia, como es obvio, no se les puede permitir participar de ella.

Aun así, no pocos afiliados al nefasto movimiento fueron llevados a ostentar cargos públicos durante el gobierno del golpista Pedro Castillo. Y, últimamente, hasta han llegado al Legislativo al haber sido acogidos en las listas parlamentarias de ciertos partidos de izquierda que prefieren ignorar su procedencia.

No contentos con esa primera afrenta hacia el sistema del que se valieron para acceder a una posición de poder, sin embargo, algunos de esos conglomerados han decidido ir más allá. Juntos por el Perú (JP), en particular, ha llevado como auxiliares, técnicos y asesores de distintos congresistas y comisiones a buena parte de los individuos mencionados en el reportaje del programa periodístico antes citado. En el despacho del diputado César Hugo Tito Rojas, por ejemplo, trabajan Hilso Claudio Ramos Cosme y Richar Leandro Tipo Quispe. Y en los despachos de los senadores José Chipana y Hugo Ccahuana, Saida Yesel Huanca y Dick Jefferson Luya Asto, respectivamente. Y cuando se ha buscado obtener respuestas de quienes los contrataron o de los directamente involucrados, lo único que se ha conseguido es negaciones, evasivas y silencios...

Nadie responde por lo que, habida cuenta del número de casos, no puede ser mera consecuencia del desconocimiento o la negligencia. Tener laborando en el Estado –y, concretamente, en la institución que representa la noción misma de democracia– a gente que apoya a Sendero Luminoso y recibe además un sueldo solventado con los impuestos de todos los peruanos es un desafío al sistema democrático y un insulto a los deudos de los compatriotas que murieron a consecuencia del accionar sanguinario de la morralla criminal que integró la mentada organización terrorista. Quienes han permitido o, peor todavía, auspiciado semejante atrocidad tendrían que responder ante la ciudadanía por ello.