Aníbal Quiroga — Jurista

Columna «Desde el vórtice»

La expresión “no le permito”, espetada como exabrupto y amenaza, condensa una de las peores patologías en nuestra política: la supuesta superioridad moral desde una imaginaria atalaya desde la que se pretende evidenciar la incapacidad del adversario de pensar, discrepar y expresarse sin tener que pedir autorización a quien circunstancialmente ejerce el poder.

En una democracia todos estamos obligados a vivir pacífica y civilizadamente, reconociendo al otro el derecho a sostener sus razones, aun cuando difieran de las nuestras. Nadie está obligado a dar la razón al otro. Cuando esa frontera desaparece, el debate se convierte en confrontación y la política en una permanente disputa de imposiciones.

El altercado reciente entre un senador radical y un ministro exmilitar en una sesión de la Comisión de Constitución del Senado no es —lamentablemente— un incidente aislado. Tampoco es un simple desborde de temperamentos exaltados. Revela lo enconado de la diferencia ideológica llegando a desplazar los argumentos, hasta llegar al enfrentamiento físico. La suspensión de la sesión fue apenas la visibilidad de un profundo problema que demuestra cuán hondas es la división política en el país.

El Perú vive dividido en dos bandos que se perciben mutuamente irreconciliables. El deseo maximalista de los unos es la extinción de los otros. Eso fue, precisamente, lo que representó la opción de Sendero Luminoso. Cada uno dispone de sus héroes, villanos, verdades, agravios y deudas que parecen eternas. Para unos, cualquier cuestionamiento es una amenaza. Para otros, cualquier explicación constituye una coartada. Ya no se escucha para comprender, sino para encontrar la descalificación del contrario.

Esta polarización transforma las diferencias legítimas en antagonismos ilegítimos. El adversario deja de ser solo un equivocado. Pasa a carecer de entidad alguna. Es el enemigo. Si habla, provoca. Si discrepa, conspira. Si propone, engaña. La política se organiza alrededor de una consigna tácita: los nuestros siempre tienen razón y los vuestros nunca merecen ser atendidos.

El ejemplo sobre el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) es muy elocuente. La discusión sobre su orientación en la representación de la violencia terrorista y la crisis generada debería permitir examinar críticamente nuestra historia. Sin embargo, la memoria se convierte en una frontera ideológica. Unos temen que se relativicen los crímenes terroristas. Otros, que se minimicen los excesos de los agentes del Estado acaecidos en el fragor de esa lucha. Merecemos una discusión seria que ponga las cosas en su sitio: la insania del terrorismo violentista y la legítima defensa de la sociedad y del Estado en procura de permitir una convivencia pacífica.

La democracia no exige neutralidad moral ni obliga a pactar sobre todo. Exige discutir sin destruir las reglas que hacen posible la discusión. Sin desaparecer al opositor. Quien defiende a la sociedad debe ofrecer un estándar moral superior al del ofensor. La autoridad no se demuestra elevando la voz o exigiendo que otro se calle. Se demuestra defendiendo una posición con razones y aceptando su eventual refutación. Ya sabemos que, cuando las razones escasean, emergen los agravios.

Tampoco se debe condenar al adversario al tiempo de celebrar el exabrupto propio. La doble moral alimenta la desconfianza y convierte cada incidente en munición que se acumula para la siguiente batalla. La intolerancia aparece cuando alguien pretende decidir qué puede decir el otro, qué no puede decir, qué parte de la historia merece recordarse o quién tiene el privativo derecho de ser escuchado. La verdadera democracia comienza por aplicar al propio bando los principios que reclamamos a los demás.

No se trata de fingir que las diferencias no existen. Son parte de la vida en sociedad. Se trata de evitar que estas nos impidan convivir en paz. Se necesitan instituciones capaces de procesar conflictos, dirigentes que entiendan la contención y ciudadanos que distingan entre firmeza y agresión. El “no le permito” debería desaparecer del lenguaje político. No debe usarse para cancelar al discrepante. Ante una idea que nos irrita, la respuesta democrática no es prohibirla: es debatirla con altura y razones. Cuando no se permite hablar al otro, al final nadie se escucha. Y un país en el que todos exigen la última palabra sin oír a los demás pierde lo más importante: la posibilidad de encontrar la verdadera definición de un destino común.