Por Max Anhuamán, publicado en La Noticia

El enfrentamiento verbal del senador Íber Maraví con el ministro del Interior en la Comisión de Constitución exige revisar la grabación y aplicar las reglas parlamentarias. Pero el debate no puede quedarse en el intercambio de palabras. Hay antecedentes documentales que requieren explicación muy seria.

Un atestado policial de Ayacucho del 15 de mayo de 1981 incluye al ahora senador Íber Maraví Olarte en la lista de “no habidos” y recoge declaraciones que le atribuyen participación en acciones violentas de la primera etapa senderista (“Guerra Popular”).

“No habido” no equivale a culpabilidad ni a sentencia. El documento no contiene condena y corresponde a las autoridades determinar el estado procesal del expediente formulado con las leyes vigentes en ese momento. Confundir registro policial, sentencia judicial y evaluación de inteligencia debilita cualquier advertencia seria.

La preocupación por el uso de instituciones democráticas tiene fundamento judicial. En octubre de 2024, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones Nacional disolvió el MOVADEF y estableció que fue creado por orden de Abimael Guzmán para participar electoralmente, alcanzar cargos públicos y buscar la liberación de la cúpula senderista. Esa resolución acredita la estrategia de utilizar mecanismos políticos. No permite extender automáticamente la responsabilidad a cualquier parlamentario o dirigente. Cada caso exige su propio sustento.

Desde la inteligencia, la segunda reconstitución se analiza con documentos, estructuras y actividades verificables. La presencia en sindicatos, universidades o el Congreso cobra relevancia cuando hay elementos que acreditan su uso al servicio de la organización. El incidente de Maraví no prueba por sí solo que esté ejecutando esa estrategia hoy. Sí obliga a evaluar su conducta en el Senado y a exigir respuestas sobre los antecedentes que lo mencionan. Un altercado no sustituye una investigación; un deslinde tampoco sustituye la explicación de un documento.

A los diputados y senadores les corresponde una respuesta firme y serena. Conocer la historia de la amenaza, no caer en provocaciones ni en respuestas desmedidas que alimenten la agudización de las contradicciones, y mantener el debate en los hechos y en la ley. El camino es concreto: esclarecer antecedentes, exigir transparencia, revisar conductas actuales y activar procedimientos cuando exista sustento.

La advertencia se hizo. Los hechos actuales la confirman. El Estado debe responder con inteligencia, investigación y debido proceso. La memoria orienta, la inteligencia alerta, la investigación acredita y la justicia determina. Esa es la firmeza que se necesita.