El Ministerio de Energía y Minas se prepara para presentar una propuesta legislativa integral que busca reestructurar por completo las actividades de la pequeña minería y minería artesanal en el país. Con este proyecto de ley, el Ejecutivo pretende superar la fragmentación normativa actual y los esquemas temporales de formalización que no han logrado consolidar un sector productivo seguro y sostenible. El objetivo central es dotar al Estado de un marco jurídico permanente que garantice la seguridad jurídica y la sostenibilidad ambiental.

El diagnóstico del sector revela serias limitaciones en los procesos de formalización previos, los cuales generaban constante incertidumbre y derivaban en sucesivas prórrogas. A esto se suma una débil articulación institucional, con competencias dispersas en distintas entidades del Estado y registros fragmentados que dificultan la fiscalización. Asimismo, los pequeños mineros enfrentan complejas brechas de acceso a tecnologías limpias, financiamiento y mecanismos eficientes de trazabilidad del mineral.

Frente a este escenario, la iniciativa del gobierno aborda de manera coordinada la regulación, supervisión y promoción del sector a lo largo de toda su cadena de valor. Las medidas no solo contemplan a quienes operan directamente en las vetas o lavaderos, sino que involucran a titulares de derechos mineros, plantas de beneficio, transportistas, acopiadores y comercializadores. Además, se contempla el diseño e implementación de sistemas de información que registren y verifiquen el origen y tránsito de los minerales.

Regímenes de operación y nueva institucionalidad

La propuesta legislativa introduce dos esquemas de funcionamiento claramente diferenciados: un Régimen Ordinario y un Régimen de Consolidación. El Régimen Ordinario tendrá un carácter permanente y estará dirigido tanto a nuevos operadores como a mineros ya formalizados, exigiendo autorizaciones sectoriales e instrumentos de gestión ambiental adaptados a la escala de su actividad. Por su parte, el Régimen de Consolidación será un periodo transitorio diseñado para aquellos mineros que cuenten con inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera.

Uno de los pilares institucionales más relevantes de esta iniciativa es la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería. Esta nueva entidad pública técnica especializada estará adscrita al sector de Energía y Minas, contando con autonomía técnica, administrativa y financiera para evaluar estudios ambientales, emitir autorizaciones operativas y administrar los sistemas de trazabilidad. El ministerio mantendrá la rectoría sobre las políticas del sector, mientras que el organismo asume la ejecución y supervisión directa de las actividades.

Para simplificar la tramitación de permisos, el proyecto establece la centralización de procedimientos mediante la implementación de una ventanilla única y el uso obligatorio de la casilla electrónica. En el ámbito ambiental, se exigirá la certificación adecuada bajo el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, aplicando criterios de proporcionalidad según las características de cada operación. Estas herramientas buscan dinamizar los procesos de formalización sin descuidar los estándares de protección ecológica.

Inclusión financiera, ordenamiento territorial y responsabilidad ambiental

En el aspecto económico e inclusión financiera, el articulado autoriza de manera explícita al Banco de la Nación a prestar servicios bancarios como cuentas corrientes y de ahorro a los pequeños mineros y mineros artesanales. Adicionalmente, el Ejecutivo promoverá incentivos tributarios y esquemas para la suscripción de contratos de explotación, reduciendo los costos de derecho de vigencia y exonerando de penalidades a las concesiones del régimen general que otorguen acuerdos a mineros artesanales.

En lo respectivo a la gestión del territorio minero, la propuesta habilita al ministerio a reservar temporalmente áreas cuyos derechos mineros hayan caducado o sido extinguidos, siempre que coincidan con zonas donde operen mineros registrados en proceso de consolidación. Con ello se pretende otorgar un derecho preferente a los pequeños productores para asegurar su estabilidad en las labores extractivas. También se contempla la adopción de tecnologías limpias para eliminar paulatinamente el uso de mercurio en el procesamiento.

En cuanto a las responsabilidades legales y ambientales, la norma modifica el marco regulatorio vigente para adscribir la responsabilidad directa de infracciones ambientales y sanitarias únicamente a los operadores que cuenten con contrato de explotación o cesión firmado. En caso de actividades que se desarrollen sin contrato vigente, el titular de la concesión responderá solidariamente si se demuestra su participación en los hechos. Asimismo, la comprobación de un incumplimiento ambiental grave dará lugar a la resolución automática de los acuerdos comerciales.

Por último, el cronograma previsto para la transición establece el fin definitivo de la etapa de formalización integral previa hacia fines del periodo vigente, iniciando inmediatamente el régimen transitorio de consolidación. Las instituciones pertinentes dispondrán de un plazo estandarizado de ciento veinte días calendario tras la aprobación de la ley para publicar el reglamento general, las normas ambientales sectoriales y las disposiciones sobre el uso de explosivos.