El anuncio del ministro de Energía y Minas, Shinno, sobre la eliminación de 27 de los 97 permisos exigidos para la actividad minera y la conversión de otros 14 en declaraciones juradas representa un avance en la simplificación administrativa del sector. Según lo informado por el titular del Minem, estas medidas permitirán reducir en 40% la tramitología minera, una iniciativa que busca facilitar las inversiones y agilizar los procedimientos.

Al analizar esta decisión, Pablo Moreyra destacó que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de eliminar requisitos innecesarios sin necesidad de recurrir al Congreso. No obstante, advirtió que la reducción del 40% corresponde al número de permisos y no necesariamente al tiempo requerido para obtener las autorizaciones. Por ello, consideró importante que el Minem publique la relación de trámites eliminados y precise cuánto tiempo se ahorrará con cada modificación.

Otro desafío es superar las demoras vinculadas a otras entidades públicas que deben emitir opiniones o autorizaciones en materias como recursos hídricos, áreas naturales protegidas, patrimonio arqueológico y aspectos ambientales, además de los procedimientos municipales. En ese sentido, la coordinación entre los distintos sectores del Estado será fundamental para que la simplificación anunciada se traduzca en resultados concretos para los inversionistas.

Respecto a la conversión de permisos en declaraciones juradas, Moreyra señaló que esta alternativa debe estar acompañada de mecanismos de fiscalización posterior y sanciones claras para quienes presenten información falsa. De lo contrario, advirtió, la reducción de controles podría generar riesgos para el cumplimiento de las obligaciones legales. La supervisión estatal seguirá siendo necesaria para asegurar que la agilización de trámites no implique dejar de lado las responsabilidades de los operadores mineros.

Finalmente, el especialista vinculó esta iniciativa con la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), presentada por el mismo ministro, al señalar que reducir los costos y tiempos para cumplir las exigencias legales también puede incentivar la formalización. En su evaluación, la eliminación de permisos constituye un primer paso positivo, pero el impacto real dependerá del ahorro efectivo de tiempo y de la capacidad del Ejecutivo para coordinar con las demás entidades involucradas.