Por Miguel Lagos, analista político
Publicado en Expreso

Significa un gesto diplomático contundente la reciente decisión de Estados Unidos de financiar, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), una nueva Unidad de Investigación de Delitos Complejos de la Policía Nacional del Perú, con respaldo técnico y supervisión del FBI. Es un reconocimiento, además, de que el crimen organizado transnacional, las economías ilegales —que irán escalando objetivos económicos y políticos comunes— y el narcoterrorismo amenazan con asolar y superar la capacidad unilateral de respuesta estatal. Se exige, ante ello, una estructura de inteligencia y persecución de alto nivel y de alcance internacional alineado a las democracias liberales en el continente.

Esta unidad policial PNP-FBI, orientada a desmantelar organizaciones de alta complejidad —extorsión, narcotráfico, lavado de activos, minería ilegal o mineterrorismo y sus redes asociadas—, se inserta en una lógica que venimos subrayando desde hace tiempo en este espacio: la presencia operativa del FBI, la DEA y, en un esquema más amplio, de capacidades de inteligencia aliadas (incluyendo el Mossad en experiencias regionales antiterroristas y anticriminales) es indispensable para cortar las venas de un fenómeno que ya no es solo delictivo común, sino que va cruzando a lo político-criminal.

Aquí conviene precisar el alcance de esta cooperación:

- Seguridad interna o ciudadana: la unidad policial con apoyo del FBI busca proteger directamente a la población frente a delitos complejos que afectan la vida cotidiana —sicariato, extorsión, terrorismo urbano, control territorial en ciudades, zonas mineras y cocaleras.

- Seguridad nacional: el involucramiento del FBI reconoce que estas organizaciones criminales ya erosionan instituciones, financian actores políticos y generan un clima de miedo que compromete la gobernabilidad. La asistencia técnica y logística fortalece al Estado frente a una amenaza que no respeta fronteras ni constituciones.

- Seguridad hemisférica: la cooperación se articula con esquemas regionales como el Escudo de las Américas, donde el intercambio de información y las operaciones conjuntas con agencias estadounidenses y aliados regionales apuntan a blindar la estabilidad de todo el continente ante diversas amenazas que incluye el narcoterrorismo local e internacional.

El Escudo de las Américas, la iniciativa impulsada por la administración Trump y a la que la presidente Keiko Fujimori ha expresado claramente el interés de Perú de sumarse tras conversaciones con el secretario de Estado Marco Rubio, ofrece el marco estratégico propicio. Es un esquema de intercambio de información, coordinación policial-militar y operaciones compartidas contra cárteles y bandas que operan sin fronteras. Como ya es sabido, Ecuador, bajo Daniel Noboa, ha dado pasos concretos y visibles en esa dirección, demostrando que la cooperación estrecha con agencias estadounidenses y aliados produce resultados tangibles contra estructuras que combinan violencia criminal con desestabilización. Perú no puede quedarse atrás. La decisión de Keiko Fujimori de colocar al país en ese eje no es ideológico, es realismo puro y duro, estratégico incluso frente a distintas formas de violencia criminal que no durará en converger cada vez más con la violencia política.

Porque aquí está el núcleo de la advertencia: el crimen transnacional en la región —y de manera gradual en el Perú— ha ido mutado hacia formas de narcopolítica y narcoterrorismo. En Ecuador y Colombia ha sido brutal es asunto. Aunque Haití y México siguen siendo escenarios de violencia suprema de los que Perú está aún muy lejos. Se trata, precisamente, de evitar esa evolución negativa criminal.

Los métodos terroristas (sicariato, extorsión sistemática a transporte, comercio y poblaciones, control territorial en zonas mineras y cocaleras, comunicación violenta, bombardeos y asesinatos selectivos contra ciudadanos y fuerzas del orden) están siendo usados como herramientas de lucro. Pero también siguen siendo instrumentos para ir acopiando poder político. ¿Cuántas mafias organizados se harán, por ejemplo, de gobiernos regionales y alcaldías en las próximas elecciones subnacionales? Así van penetrando instituciones, financiando actores políticos, intimidando a la sociedad y generando un clima de miedo que erosiona la gobernabilidad.

Cuando las organizaciones criminales exportadas o radicadas (desde restos del Tren de Aragua hasta cárteles mexicanos y redes locales o bandas brasileñas) encuentran eco o debilidad en el sistema político, la frontera entre delincuencia y desestabilización se disuelve. Combatir esto con herramientas puramente nacionales es, hoy en la práctica, actuar en desventaja.

Las fuerzas del orden han sido sobrepasadas en muchos países en Latinoamérica. La propia corrupción ha intoxicado los sistemas incluyendo el de justicia. Es importante por ello cierta vigilancia externa que garantice sostenibilidad en las políticas de seguridad, etc.

Esta unidad policial peruana con apoyo del FBI es un punto de partida que debe articularse con el ingreso efectivo al Escudo de las Américas, con el fortalecimiento de la cooperación con la DEA y con la apertura a esquemas de inteligencia aliada de primer nivel. Cualquier demora, cualquier resistencia ideológica disfrazada de “soberanía” o cualquier intento de diluir la cooperación en gestos simbólicos, será leído por las organizaciones criminales como señal de debilidad. Y en este terreno, la debilidad se paga con sangre, con captura de instituciones y con el avance de un modelo de poder paralelo que ya ha demostrado su capacidad de trenzar la violencia criminal y la violencia política. He ahí el riesgo supremo si esto no se contiene y se hace retroceder.

El Perú tiene ahora la oportunidad —y la responsabilidad— de alinear su respuesta con los países prodemocracia que han entendido la naturaleza de la amenaza. La potencia de esta unidad policial —que se articula a los esfuerzos militares de inteligencia y vigilancia fronteriza— no solo está en el financiamiento o en la capacitación técnica, sino también en la voluntad política de usarla sin ambigüedades y con la claridad de que el enemigo no respeta fronteras ni constituciones. Quienes se opongan a este esquema, por acción u omisión, estarán optando por el status quo que ya ha costado demasiadas vidas y socavado la seguridad ciudadana,  nacional y hemisférica.