Escribe Julio César Valdez Pomareda, Teniente General FAP
 

Protestar es un derecho, destruir es un delito. Y mientras las autoridades no investiguen a fondo quién financia estos actos, los mismos grupos seguirán usando la indignación popular como herramienta de guerra política.

Las recientes marchas registradas en Lima, supuestamente impulsadas por transportistas víctimas de la extorsión, terminaron convirtiéndose en un violento espectáculo de barbarie. Las imágenes son contundentes y no dejan espacio a interpretaciones ingenuas; encapuchados lanzando proyectiles caseros, grupos organizados atacando a la Policía Nacional con bombardas, palos y piedras, y una bomba molotov que dejó gravemente herido a un efectivo que solo cumplía con su deber.

¿Desde cuándo una protesta por justicia se convierte en un campo de batalla? ¿Desde cuándo el reclamo legítimo se mancha con el fuego del vandalismo?   La respuesta parece clara: esto no fue un reclamo social, fue una operación política y criminal cuidadosamente planificada. 

Estos hechos demuestran que lo ocurrido no fue una simple manifestación ciudadana. Detrás del reclamo se esconden fuerzas políticas, económicas e ideológicas que buscan generar caos y deslegitimar al gobierno de Dina Boluarte, aprovechando cualquier chispa de descontento social para incendiar el País.

No se reclamaba justicia. Se buscaba desestabilizar. Se atacaba al Estado, se gritaban consignas políticas y se pedían “muertos” para incendiar la pradera.

El disfraz del reclamo social

Los verdaderos transportistas, aquellos que trabajan día y noche enfrentando el caos de la informalidad y las mafias de la extorsión, no son quienes lanzan bombas molotov ni se cubren el rostro para destruir. Detrás de estas movilizaciones se mueven intereses que nada tienen que ver con la justicia ni con el pueblo.

Vimos banderas rojas, consignas contra el gobierno de Dina Boluarte y hasta vivas en favor de la cuestionada ex fiscal de la Nación, Delia Espinoza, símbolo de un sector que busca politizar la justicia y mantener la impunidad de ciertas redes ideológicas.

Todo indica que en las protestas se infiltraron grupos radicales, algunos vinculados al extremismo de izquierda y movimientos que aún no superan la derrota política de Pedro Castillo, que solo buscan incendiar las calles para desestabilizar al país.

¿Quién financia la violencia?

Protestas de la Generación Z en Perú: qué reclaman los jóvenes y otros grupos que se enfrentaron con la policía en el centro de Lima

La pregunta es inevitable: ¿De dónde sale el dinero para movilizar cientos de personas, pagar transporte, materiales explosivos, víveres y propaganda?  ¿Quién está detrás de todo esto? ¿De dónde sale tanto dinero para sostener semanas de agitación?  Esa es la verdad que nadie quiere decir. Porque mientras el País se divide en debates ideológicos, las mafias crecen, se infiltran y financian la violencia para debilitar al gobierno, sea cual sea.  Hoy le toca a Dina Boluarte; mañana será a otro. Lo importante para ellos es que el Estado no funcione.

Todo apunta a fuentes ilícitas.  No es descabellado pensar que la minería ilegal, una de las actividades criminales más poderosas del país, esté detrás de este financiamiento, del dinero sucio, del caos que necesitan los criminales para seguir reinando.

La minería ilegal mueve miles de millones de dólares al año, corrompe autoridades locales, destruye la Amazonía, envenena los ríos con mercurio y sostiene redes de contrabando y trata de personas. Es un monstruo económico que necesita caos y gobiernos débiles para sobrevivir. Esta actividad ilícita, que obtiene más ingresos que el narcotráfico en varias regiones, necesita mantener al Estado distraído, dividido y débil; un País con protestas constantes y desgobierno es el escenario perfecto para sus intereses.

Cada vez que el Estado intenta imponer control, estos grupos responden con protestas “espontáneas” que curiosamente terminan en incendios, saqueos y ataques a la Policía. No se trata de casualidad, es un guion repetido.

El nuevo rostro de la manipulación: Las redes y la generación Z

Otro fenómeno preocupante es el uso del marketing digital y las redes sociales para manipular a los jóvenes. Plataformas como TikTok, Instagram y X (Twitter) se han convertido en trincheras de propaganda ideológica disfrazada de activismo.

El llamado “marketing de la generación Z” es aprovechado por grupos radicales y operadores del comunismo moderno que saben cómo hablarle a la juventud, con lenguaje emocional, memes, música y consignas que despiertan rebeldía sin análisis.

Así, muchos jóvenes bien intencionados, que desean un País más justo, terminan marchando al lado de violentistas profesionales sin entender que están siendo utilizados como masa de maniobra.

El comunismo del siglo XXI ya no se disfraza con uniformes ni discursos de barricada, se viste de TikTok y hashtags; y logra que mucha juventud sana y buena terminen por creer que lanzando piedras están cambiando el País, cuando en realidad solo sirven a intereses oscuros.

Un Estado acorralado y una sociedad confundida

La presidenta Dina Boluarte enfrenta una dura realidad, si actúa con firmeza la acusan de autoritaria; si no lo hace, el país se desborda.  Lo que pedimos los peruanos es obvio, es momento de que asuma su liderazgo con fuerza y sin temor, tomando decisiones sobre el uso de la fuerza respaldada con las normas legales, ya que no se puede permitir que el vandalismo se disfrace de protesta.

La Policía Nacional, una institución muchas veces maltratada y sin recursos, cumple su deber en condiciones adversas, enfrentando piedras, explosivos y el odio ideológico de quienes dicen “defender al pueblo”. El caso del policía gravemente herido por una molotov simboliza ese sacrificio silencioso de los que protegen el orden constitucional.

El Perú necesita autoridad y verdad

El país no puede seguir permitiendo que la violencia use la careta de reclamo.  Protestar es un derecho, destruir, incendiar y atacar, es un delito. La libertad de expresión no puede ser usada como escudo para la barbarie.

El Perú necesita que sus autoridades, el Congreso y el Ministerio Público, investiguen a fondo el financiamiento de estas movilizaciones. Si detrás hay dinero de la minería ilegal, del narcotráfico o de grupos extremistas, debe saberse y castigarse con todo el peso de la ley.

La verdadera lucha hoy no es entre izquierda y derecha, sino entre los que quieren construir y los que quieren destruir.  La democracia no puede ser rehén de encapuchados ni de operadores ideológicos que se esconden detrás de causas sociales.

Yo creo en el derecho a protestar, pero no en el derecho a destruir. Nadie que quema una bandera o hiere a un policía puede llamarse patriota.  Nadie que defiende a una ex fiscal politizada mientras incendia la ciudad puede decir que lucha por el pueblo.

El Perú necesita orden, necesita autoridad. Pero, sobre todo, necesita coraje para decir las cosas por su nombre. Estas marchas no son espontáneas, son financiadas, dirigidas y ejecutadas por quienes viven del caos. Si no los enfrentamos con firmeza el País terminará gobernado no por la democracia, sino por el miedo.

Reflexión final

El Perú merece orden, justicia y trabajo, no caos ni muertos.  La violencia no nace del reclamo, nace de la manipulación; y mientras no se identifique a los verdaderos responsables, los que financian, los que coordinan y los que promueven la desestabilización, seguiremos viendo cómo los mismos grupos de siempre usan el dolor del pueblo como pólvora para incendiar la Patria.

Protestar es un derecho, destruir es un delito. Y mientras las autoridades no investiguen a fondo quién financia estos actos, los mismos grupos seguirán usando la indignación popular como herramienta de guerra política.

El país necesita paz, orden y verdad. Y eso solo se logrará si se desenmascara a quienes, desde las sombras, lucran con el caos.

¡¡¡ El País necesita autoridad, verdad y coraje !!!