Por Carlos E. Gálvez Pinillos, expresidente de la SNMPE

Acabamos de asistir a un tristísimo espectáculo en el Congreso de la República. Ver cómo 87 congresistas, sin atender a la ley MAPE, votaban por la prórroga del REINFO por un plazo de seis meses, con la opción de prorrogarlo por otros seis meses, pero, esta vez, por DS (Decreto Supremo). Una pena que, ni siquiera hayan tenido la entereza de debatir y resolver el problema de fondo. Lo malo es que, con eso pusieron “alfombra roja” al delito.

Todo esto es un acto bochornoso, si tomamos en consideración que el plazo dado por esta ley, coincide con la oportunidad en que el ejecutivo estará convocando a las próximas elecciones y, que su situación será tan débil, que no le quedará más que emitir el DS de marras.

Lo anterior, asegura a la población dedicada a la extracción ilegal de minerales que, en la práctica, cuentan con una prórroga de un año (hasta diciembre 2025), esto es, hasta estar en medio de la campaña electoral 2025-2026. Para ese momento, no habrá un solo congresista que se atreva a defender la legalidad en el Perú y, garantizo desde ahora, que el congreso volverá a prorrogar el REINFO, al menos por dos años adicionales. Lo dicho, asegura que tendremos REINFO hasta diciembre de 2027.

A este despropósito se han sumado Tirios y Troyanos (Fuerza Popular 20 votos, APP 2, Podemos 13, Perú Libre 6, Renovación Popular 10, Acción Popular 6, Bloque Magisterial 7, Avanza País 4, Juntos por el Perú 5, Somos Perú 6, Bancada Socialista 3, Honor y Gloria 1, Bloque Democrático Popular 1 y No agrupados 3), en total 87 congresistas de un total de 118 habilitados para votar.

Estamos notificados, 74% de los congresistas no tiene ninguna autoridad para reclamar por la falta de seguridad en el Perú. Es más, ellos están promoviendo las mafias o son parte de ellas y, con esta votación, han dejado en claro cuál es su nivel de compromiso con los 34 millones de peruanos. No les valdrá reclamar por los asesinatos, ni quejarse del narcotráfico, la trata de personas, la tala ilegal y el lavado de dinero, que es el vínculo entre todas las actividades delictivas mencionadas y apoyadas por este congreso.

Sé que hay quienes argumentan múltiples razones para escabullir el cumplimiento de la ley en la minería ilegal:

1. Trámites muy complejos dicen unos, pues deben presentar RUC, IGAFOM (Formulario Instrumento de Gestión Ambiental) que indique su ubicación y una declaración semestral de producción.
2. Que no pueden formalizarse por no tener concesión o contrato de cesión otorgado por el concesionario original.
3. Que no hay áreas libres para trabajar.

Mienten al decir que los trámites son complejos, pues un RUC lo obtienen fácilmente, el IGAFOM lo pueden entregar prácticamente en blanco, aunque no es posible que quien quiera una actividad minera, ni siquiera sea capaz de declarar las coordenadas de sus actividades. Sepamos que, actualmente, hay coordenadas fuera de lugar, tales como el océano Pacífico o el Atlántico.

Y, el argumento más aberrante de todos, es que no hay áreas libres para sus concesiones. Tengamos claro que, el Perú tiene 128.5 millones de ha. (hectáreas), que sólo el 1.7% del territorio (2.2 millones de ha.), tienen actividad de producción, exploración y cateo, prospección y beneficio, teniendo además 16.7 millones de ha. (13%) concesionadas y sin operación. En resumen, hay más de 109 millones de ha, sin concesión, de las que 52.4 millones de ha, son áreas restringidas por el Estado.

Pocos saben, que las empresas mineras exploran permanentemente, de lo contrario no habría nuevos descubrimientos. Posteriormente, deben confirmar reservas y realizar estudios de pre-factibilidad, factibilidad y de impacto ambiental.

El Perú se ha convertido en un país que frena todos los proyectos y, debemos saber, que los proyectos mineros desarrollados en las tres últimas décadas, han tenido plazos de “maduración” de entre 40 y 50 años, porque luego de demostrar la factibilidad técnico-económica del proyecto, deben de obtener 265 permisos diferentes, a diferencia de las actividades ilegales, que pretenden usufructuar de la inversión y años de trabajo de los demás. Eso explica las áreas concesionadas y sin operación mencionadas.

De más está decir, que las empresas mineras están obligadas a pagar “derecho de vigencia” durante esos 40 o 50 años, sin poder progresar. Consecuentemente, es un sofisma afirmar, que los derechos de vigencia son muy bajos o sugerir, que los plazos de concesión se deban acortar. Si ese fuera el caso, ningún proyecto de gran envergadura se podría ejecutar a futuro. Si queremos liberar áreas concesionadas, reduzcamos drásticamente los tiempos de otorgamiento de permisos y hagamos por la mediana y gran minería, el mismo acto de fe que los congresistas hacen por los ilegales.

Debemos apoyar labores de cateo y prospección por parte de aquellos que tengan vocación minera y exploratoria. Es más, sugeriría que se brinde a los egresados de minas y geología, la oportunidad de iniciar esos emprendimientos, para que generen valor a nuestro país, haciendo nuevos descubrimientos. Propondría pues que, de los recursos otorgados a las universidades, provenientes del canon, para investigación y desarrollo, se puedan usar en esta actividad de exploración y desarrollo.

Lo que no podemos permitir por ningún motivo, es que se normalice el irrespeto a la propiedad minera, que se fomente actividades delictivas que destruyen el tejido social, que se relacionan con el narcotráfico, tala ilegal, extorsión y sicariato, entre otras.

De acuerdo a lo manifestado por José Luis Gil, el crimen en primera instancia adquiere poder económico, luego toma control territorial por el terror, para finalmente tomar el poder político. Lamento compartir, que las mafias ya están tratando de tomar control de la Dirección de Concesiones del INGEMMET, haciendo que el cargo sea “de confianza” y no uno técnico de carrera.

Los congresistas que han votado por la renovación del REINFO, sin haber atendido la legislación MAPE, merecen todo nuestro repudio. Sus votos hablan por ellos y no tienen ningún derecho a reclamar por la inseguridad en el Perú, pues ya son parte del poder político del crimen.

¡Han perdido toda autoridad moral!