Socióloga y política, descendiente de inmigrantes españoles del siglo XVIII, de raíz ideológica marxista. Durante su carrera política fue asesora del Acalde de Lima, Alfonso Barrantes (1983-1985), Secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (1995-1997), integrante del Directorio del IDL presidido por Carlos Basombrío (2000), Ministra de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano durante el gobierno de Valentín Paniagua, así como miembro del   Grupo de Trabajo Interinstitucional a cargo de establecer la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) entre 2000 y 2001. Fue también comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre 2002 y 2005, candidata a la presidencia de la República por la alianza electoral Concertación Descentralista (2006), obteniendo menos del 1% de votos válidos.

 

En 2008 representó al Perú en el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Fue elegida Alcaldesa de Lima Metropolitana para el período 2011-2014, y nuevamente postuló en el siguiente proceso electoral, obteniendo solo el 10%, de los votos, una cifra cuatro veces menor que la alcanzada en su victoria.

 

Por su gestión como Alcaldesa de Lima Metropolitana (2011-2014), está siendo investigada por la justicia como resultado de las declaraciones de Jorge Barata y otros ex directivos de la empresa Odebrecht en el Perú, así como de Léo Pinheiro y ex directivos de la constructora OAS, todos ellos acogidos a la figura de colaboración eficaz. Según la información recogida por la Fiscalía, Odebrecht le habría entregado US$ 3 millones, mientras que OAS un total de US$ 7 millones (3 millones para la campaña del NO a la revocatoria y 4 millones para su reelección en el 2014), a cambio de beneficios en la concesión de obras de interés.

 

El 12 mayo 2019, Villarán de la Puente, en una entrevista en el programa periodístico de “Exitosa Noticias”, declaró: "Siempre supe de aportes de empresas a la campaña del 'No' a la revocatoria", y agregó: "Cometí un grave error del que me arrepiento desde hace tiempo, que es permitir que tenían intereses privados financiaran la campaña. Esa es la verdad". Además, pidió perdón públicamente: "Quiero pedir perdón a las personas a las que no les pude pedir perdón en su momento. No le temo al futuro". Posteriormente, en su cuenta de Facebook, reafirmó: "Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del NO a la Revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña."

 

Días después, el juez ordenó 18 meses de prisión preventiva, en lugar de los 36 meses que solicitaba la Fiscalía, al considerar que dicho plazo era suficiente para concluir una investigación que ya se encontraba bastante avanzada. El juez precisó que no se trataba de una sentencia condenatoria, sino de una medida para evitar la posible obstrucción de la investigación por parte de Villarán y otros implicados, (entre ellos su exgerente municipal y colaborador de confianza José Miguel Castro) no interfieran en la investigación redirigiendo el testimonio de los testigos, acogidos a la colaboración. Un año después se le levantó la prisión preventiva. 

 

Han transcurrido cinco años desde ese entonces y a partir del 13 mayo de 2020, Villarán cumple detención domiciliaria. Está siendo procesada por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y lavado de activos en perjuicio del estado. Su situación penal actual es de comparecencia restringida con impedimento de salida por los próximos tres años, período en el que se desarrollará su juicio. El inicio del mismo está programado para el próximo 23 de septiembre, donde afrontará un pedido fiscal de 29 años de prisión como condena.

 

 El 29 de junio pasado, el ex gerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez (+), que iba a ser calificado como colaborador eficaz por la Fiscalía, fue hallado muerto de manera violenta en su domicilio. Su lamentable deceso aún se encuentra en investigación, 4 semanas despues.

 

Nos encontramos ante una ciudadana cuyos antepasados sirvieron al país dignamente, ejerciendo funciones públicas de Ministros en las carteras de Relaciones Exteriores (1876 y 1883) y de Justicia, Culto e Instrucción (1908), Alcaldes de Lima (1868 y1872); presidente del primer Consejo Directivo del Club Nacional (1855), rectores de la Universidad Mayor de San Marcos (1905 y 1922); así mismo participaron en la formulación de la Constitución de 1933. Esta trayectoria familiar no ha sido honrada por la ex alcaldesa, más aún las ofensas cometidas trascenderán en el tiempo para vergüenza de los apellidos que lleva. 

 

La línea ideológica que caracteriza a Villarán de la Puente es la denominada “caviar”. Basta observar su participación en organizaciones políticas, tanto nacionales como internacionales, en ONGs, en comisiones y comités de diversa índole, donde ha encabezado o integrado grupos de influencia con el objetivo de imponer los intereses de su repudiable comunidad ideológica. Ello se evidenció especialmente durante su gestión como Alcaldesa de Lima Metropolitana, al utilizar su cargo para actos que hoy están judicializados.

 

Sin duda, la cultura y tradición de los limeños, demanda un acto de contrición firme y una formal aceptación de culpa por parte de quien, en su calidad de autoridad, ha cometido una de las ofensas más graves a la ciudad de Lima en sus casi 500 años de existencia. Atenúe usted señora por decisión propia sus culpas. No viva en la miseria de lo humano y la traición a la comunidad limeña que confió en usted, sino en la paz espiritual que le significara auto-desagraviar su honor, por respeto a todos quienes ha defraudado y a la Municipalidad Metropolitana de Lima.