La elección de Alfredo Barnechea como candidato presidencial de Acción Popular derivó en una crisis interna tras múltiples denuncias de manipulación del padrón de delegados y presunta compra de votos. Militantes afines a Julio Chávez aseguran que el proceso habría estado condicionado por reemplazos irregulares, suplantaciones y negociaciones para asegurar apoyos, situación que podría escalar hasta un procedimiento formal de revisión electoral.

El conflicto ocurre a menos de un año de las Elecciones Generales 2026, en un partido que busca reposicionarse pero enfrenta ahora uno de los mayores cuestionamientos a su institucionalidad reciente.

El problema tomó forma luego de que, el 4 de diciembre, militantes reportaran que al menos 26 delegados elegidos el 30 de noviembre no fueron incluidos en el padrón remitido a la ONPE, pese a haber sido acreditados formalmente. Según las denuncias, el Comité Electoral presidido por Cinthia Pajuelo habría enviado una lista distinta a la oficial registrada en actas regionales. Los denunciantes señalan que la alteración habría favorecido a la facción que respaldó a Barnechea, desplazando representantes electos y permitiendo el ingreso de nuevos delegados sin sustento documentario ni transparencia en la acreditación.

A la irregularidad del padrón se sumó la difusión de un audio en el que se escucha presuntamente a Pajuelo negociar el retiro de una delegada a cambio de un puesto laboral en el despacho del congresista Ilich López. Para los militantes, este registro confirma la tesis de que existió un intercambio de prebendas para redirigir votos internos, afectando la legitimidad del resultado final que proclamó a Barnechea ganador. Julio Chávez denunció un “fraude grosero” y anunció que presentará una impugnación ante el Jurado Nacional de Elecciones con el objetivo de revertir la proclamación y solicitar, de ser posible, la repetición del proceso.

Especialistas consultados advierten que las acusaciones podrían tener consecuencias mayores. El abogado electoral José Villalobos afirmó que un eventual cambio irregular de delegados no solo compromete la validez de la elección interna, sino que podría configurar delitos vinculados a la manipulación del voto y la voluntad partidaria. Asimismo, el exjefe de la ONPE Fernando Tuesta recordó que el organismo electoral recibe las listas bajo el principio de veracidad, por lo que, ante una denuncia sustentada, corresponde al JNE determinar si el proceso debe ser anulado o rehecho. La magnitud del daño dependerá del nivel de alteración y del número de votos comprometidos.

La situación se agrava porque Acción Popular enfrenta además fracturas previas derivadas de disputas orgánicas y resultados cuestionados en elecciones internas anteriores. Voces del partido advierten que, de consolidarse la impugnación, el caso podría precipitar una reorganización interna o incluso un vacío de representación en pleno año preelectoral. Otros, en cambio, respaldan la proclamación y piden cerrar el debate para evitar un desgaste que afecte su competitividad electoral frente a fuerzas externas.

En este contexto, el congresista José Cueto sostuvo que, de verificarse fraude en el proceso, Acción Popular podría incluso quedar fuera de la carrera electoral en 2026, advirtiendo que la denuncia podría escalar a un escenario en el que la autoridad electoral sancione con exclusión si se confirma adulteración dolosa del padrón de delegados.