La denuncia contra el actual ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro Lombardi, por un presunto caso de violencia sexual ocurrido en el año 2000 ha generado una fuerte conmoción en el escenario político nacional. El caso, que involucra a una menor de 16 años en ese entonces, ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y la capacidad del sistema de justicia para atender hechos ocurridos décadas atrás.

Durante una entrevista local, el abogado penalista Andy Carrión y el exministro de Cultura Alejandro Salas analizaron las implicancias legales y políticas de la acusación. Según el testimonio de la denunciante, el hecho ocurrió en el año 2000 y habría derivado en un embarazo. Asimismo, se indicó que en su momento la Comisaría de Coronel Portillo, en Pucallpa, se negó a recibir la denuncia.

Carrión explicó que, pese al tiempo transcurrido, el sistema judicial contempla mecanismos para abordar este tipo de casos. Detalló que, si bien actualmente las sanciones son más severas, el proceso debe regirse por la legislación vigente al momento de los hechos, que establecía penas menores. En ese sentido, precisó que la prescripción podría ser un factor determinante, aunque el propio implicado tiene la posibilidad de renunciar a ella para que se esclarezcan los hechos en sede penal.

El especialista también enfatizó que una eventual relación posterior entre las partes no invalida la existencia de un delito previo. En esa línea, sostuvo que la Fiscalía podría evaluar no solo el hecho inicial, sino también posibles situaciones posteriores vinculadas al caso, considerando que este tipo de delitos suele ocurrir en contextos de clandestinidad y con dificultades probatorias.

Desde el plano político, Salas advirtió que la permanencia de Alfaro en el Gabinete afecta la legitimidad del Ejecutivo, especialmente en un contexto en el que el Gobierno debe afrontar un pedido de voto de confianza ante el Congreso. Además, cuestionó el silencio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señalando que dicha cartera tiene la obligación de pronunciarse frente a denuncias de esta naturaleza.

Finalmente, el exministro consideró que el titular de Energía y Minas debería dar un paso al costado para preservar la estabilidad del Gabinete. Subrayó que se trata de un caso que involucra a una menor de edad y que refleja una problemática recurrente en el país, donde muchas víctimas de violencia sexual no denuncian o encuentran obstáculos para acceder a la justicia.