La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó en segunda votación un proyecto de ley que otorga amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa procesados por presuntos delitos cometidos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000.

La norma, que beneficiará a aquellos sin sentencia firme y a mayores de 70 años ya condenados, busca cerrar capítulos judiciales prolongados que han afectado a cientos de peruanos que defendieron al país en una de sus etapas más difíciles.

El congresista Fernando Rospigliosi, impulsor de la iniciativa, explicó que la propuesta responde a una deuda moral del Estado con quienes enfrentaron a organizaciones terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, y que tras décadas de servicio se han visto inmersos en procesos judiciales extensos sin resolución definitiva. Según estimaciones, más de mil efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú podrían acogerse a esta medida, la cual permitiría aliviar la carga emocional y legal que han llevado por años.

La ley busca restituir la estabilidad y el reconocimiento para quienes enfrentaron el flagelo del terrorismo, muchas veces en condiciones adversas y sin el respaldo suficiente del Estado. El congresista Jorge Montoya subrayó que la norma también responde a un principio de justicia, pues numerosos procesos abiertos se han mantenido sin pruebas sólidas durante más de tres décadas, afectando tanto a los acusados como a sus familias.

La medida ha sido defendida por sus promotores como un paso necesario para garantizar la paz jurídica de aquellos que ayudaron a restablecer la democracia en el país. “Este proyecto servirá para hacer justicia con quienes derrotaron al terrorismo, permitiéndoles salir de la incertidumbre judicial en la que se encuentran”, enfatizó Rospigliosi, quien lidera la Comisión de Constitución del Parlamento.

Se espera que el proyecto sea discutido próximamente en el pleno del Congreso, donde deberá alcanzar los votos necesarios para su aprobación final. De concretarse, representaría un acto de reivindicación histórica para los miembros de las fuerzas del orden que participaron en la pacificación del país, cerrando procesos judiciales que por años han mantenido en vilo a quienes fueron actores clave en la recuperación de la paz nacional.