Por Diana Seminario, publicado en El Comercio

Hace 18 días, en un procedimiento sin precedentes, Jaime Villanueva, en ese entonces asesor de la fiscal de la Nación Patricia Benavides, fue detenido como parte de una investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). El Séptimo Juzgado aceptó el requerimiento de los fiscales, pues sindicaron a Villanueva Barreto y otros asesores como integrantes de una presunta organización criminal enquistada en la alta dirección del Ministerio Público, que estaría encabezada por la ahora suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

El Eficcop sustentó su pedido de detención sobre la base de unas conversaciones de WhatsApp entre Villanueva y algunos parlamentarios. Según estos chats, el entonces asesor se interesaba en el futuro de la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos y –según la hipótesis fiscal– habría ofrecido archivar denuncias siempre y cuando se vote en contra de Ávalos.

Cumplidos los diez días de detención preliminar, Villanueva fue puesto en libertad, asegurando que reconocía las conversaciones telefónicas como propias y que actuó por órdenes de su exjefa Patricia Benavides. El exasesor que trabajó en el gobierno de Pedro Castillo apunta a la colaboración eficaz.

La pregunta se cae de madura. ¿Quién está investigando a Patricia Benavides? Al funcionario que le corresponde hacerlo es al fiscal de la Nación, que hasta la fecha no inicia ninguna pesquisa contra su predecesora. En las horas en las que ocupó el cargo, Pablo Sánchez tuvo como única prioridad reponer a la fiscal Marita Barreto que, al no ser fiscal suprema, no tiene la competencia para investigar a Benavides.

Lo concreto es que no existe ninguna investigación fiscal contra Patricia Benavides por el supuesto delito de organización criminal y el único habilitado para hacerlo es Juan Carlos Villena, actual fiscal de la Nación interino.

Si nadie investiga a Benavides, ¿cómo se explican las fotografías difundidas donde se aprecia a la fiscal superior Marita Barreto junto al coronel Harvey Colchado de la Diviac en las horas previas a la detención de Villanueva? Además, la misma imagen muestra el supuesto organigrama de la “organización criminal” encabezada por Benavides.

A esto hay que añadir que, según el artículo 44.3 del Nuevo Código Procesal Penal, el asesor Villanueva debería ser investigado por un fiscal supremo, dado que se le imputa participar en delitos de un funcionario aforado.

Sin embargo, en un expeditivo proceso, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió suspender por seis meses a Patricia Benavides. La medida se tomó diez días después de la detención de Villanueva, en lo que la JNJ considera un proceso disciplinario inmediato.

Quienes defienden la suspensión alegan que Benavides no podía seguir como cabeza del Ministerio Público mientras se le investiga. Pero no hay ninguna investigación en curso.

Al considerar que es víctima de un complot en su contra, Benavides presentó una acción de amparo, que fue admitida a trámite por el Poder Judicial. Ante esto, el Eficcop citó al presidente de la Corte de Lima por intervenir en la medida cautelar que favoreció a la suspendida fiscal de la Nación, en lo que, a todas luces, configuraría una grosera intromisión en el accionar de un poder autónomo como el Poder Judicial.

La administración de justicia no puede estar a merced de venganzas personales y rotaciones de poder, en donde los hechos son lo menos importante y la verdad se acomoda a gusto del timonel del momento, pues eso sí constituye un grave atentado contra la democracia y el Estado de derecho.

Diana Seminario es periodista