El candidato presidencial Carlos Álvarez, representante del partido País para Todos, enfrenta un serio cuestionamiento luego de revelarse que no declaró una sentencia condenatoria en la Declaración Jurada de Hoja de Vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La información fue difundida a partir de un reportaje periodístico que expuso documentos oficiales del Poder Judicial vinculados al caso.

De acuerdo con la revelación, Álvarez marcó la opción negativa en el apartado destinado a informar sentencias firmes por delitos dolosos, pese a que en el año 2002 fue condenado por delito contra la administración pública en la modalidad de peculado. La sentencia fue emitida por la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, que inicialmente fijó una pena privativa de libertad de cuatro años, luego modificada a tres años de prisión suspendida.

La resolución judicial se dio en el marco de investigaciones relacionadas al régimen de Alberto Fujimori y a la red de corrupción comandada por Vladimiro Montesinos. El fallo concluyó que Álvarez habría recibido pagos periódicos de parte del exasesor a través de intermediarios, además de otros beneficios, durante su presencia televisiva en Canal 7, hechos vinculados al aparato propagandístico del gobierno de entonces.

Consultado sobre la omisión en su declaración electoral, el aspirante evitó dar explicaciones y señaló que respondería más adelante, afirmando, además, que la Corte Suprema lo habría absuelto. Sin embargo, el reportaje periodístico precisó que no existe registro de una absolución firme que deje sin efecto la condena impuesta en su momento, lo que incrementó las dudas en torno a su situación jurídica.

En el ámbito electoral, la normativa es clara: los candidatos están obligados a consignar toda sentencia condenatoria firme por delitos dolosos en sus hojas de vida, y ocultar dicha información se considera una falta grave. El JNE, a través de sus órganos de fiscalización, puede iniciar un procedimiento que derive en la exclusión del postulante si se verifica que hubo omisión deliberada dentro de los plazos establecidos.

De verificarse la información en los registros oficiales, el Jurado Electoral Especial correspondiente podría abrir proceso, requerir descargos y emitir una resolución que incluso podría dejar a Álvarez fuera de la contienda. El sistema electoral cuenta con mecanismos para cruzar datos con el Poder Judicial y, si la omisión se confirma antes del límite legal, la candidatura podría verse seriamente comprometida, manteniendo en suspenso el futuro político del postulante.