Un total de 189 ciudadanos que postulan en las Elecciones Generales 2026 registran sentencias judiciales por diversos delitos, según un informe difundido en las últimas horas. Pese a estos antecedentes, la normativa vigente permite que continúen en carrera para cargos en el Parlamento Bicameral y el Parlamento Andino, siempre que hayan cumplido íntegramente sus condenas.

El exministro de Justicia José Tello Alfaro explicó que la legislación electoral no impide la postulación de personas que ya fueron legalmente rehabilitadas. En ese sentido, precisó que, una vez cumplida la pena impuesta por el Poder Judicial, los ciudadanos recuperan plenamente sus derechos políticos, incluido el de elegir y ser elegidos.

Esta interpretación ha sido respaldada por el Jurado Nacional de Elecciones, que ha autorizado la participación de candidatos con sentencias previas al considerar que no existen impedimentos legales vigentes en esos casos. La situación ha generado preocupación y debate público, debido a que entre los delitos registrados figuran corrupción, peculado, falsificación y lesiones.

Tello detalló que diversos fallos del Tribunal Constitucional dejaron sin efecto práctico la Ley 30717, que originalmente prohibía la postulación de personas sentenciadas por delitos dolosos. Según dichos pronunciamientos, impedir la participación política de ciudadanos rehabilitados vulneraría derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.

Como antecedente en el actual proceso electoral, se mencionó el caso de Mario Vizcarra, del partido Perú Primero, cuya candidatura fue admitida tras un pronunciamiento del ente electoral. De acuerdo con la interpretación vigente, no existe una diferenciación legal entre tipos de delitos una vez que la persona ha cumplido su condena y ha sido rehabilitada por el sistema judicial.

Finalmente, el exministro precisó que solo quedarían excluidos de la contienda aquellos postulantes que mantengan una sentencia condenatoria vigente o restricciones judiciales activas al momento de la inscripción. En ese contexto, especialistas advierten que la responsabilidad de evaluar a los candidatos recaerá en el electorado, que deberá emitir un voto informado frente a este escenario en los comicios de 2026.