El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, sostuvo que fue absuelto de manera definitiva por el Poder Judicial en el proceso que enfrentó por el delito de peculado en el año 2002, por lo que aseguró no contar con ninguna sentencia condenatoria vigente ni obligación legal de consignar dicha información en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el postulante recordó que la absolución fue emitida el 5 de diciembre de 2007 por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Detalló que en primera instancia se le impuso una condena con ejecución suspendida, pero tras la apelación el fallo fue reformulado y quedó eximido del cargo, además de ordenarse la anulación de los antecedentes judiciales y policiales generados durante el proceso.

Álvarez señaló que en aquella época se le acusó de haber recibido pagos periódicos vinculados al entorno de Vladimiro Montesinos mientras trabajaba en Canal 7, pero enfatizó que enfrentó el proceso en el país, acudió a las instancias respectivas y consiguió una absolución definitiva. Enfatizó que nunca se fugó, no buscó asilo y no eludió la justicia.

En su mensaje, el candidato afirmó que la normativa electoral solo obliga a declarar sentencias condenatorias firmes y vigentes, especialmente cuando se trata de delitos dolosos que no han sido anulados ni revocados. En ese sentido, reiteró que, al haber sido absuelto por la Corte Suprema, no está obligado a consignar información que ya no tiene validez jurídica.

Asimismo, Álvarez manifestó que si alguna autoridad considera que ha ocultado información o incumplido las normas, está dispuesto a asumir las consecuencias, incluso retirarse de la contienda. No obstante, sostuvo que el caso fue público, ampliamente difundido y resuelto en última instancia, por lo que consideró que las críticas tienen un componente político.

El presidente de País para Todos y también candidato al Senado, Vladimir Meza, respaldó la posición de Álvarez y afirmó que una absolución definitiva no equivale a una condena. Señaló que intentar presentar el caso como un antecedente vigente constituye un acto de desinformación y exhortó a los actores políticos y medios de comunicación a actuar con responsabilidad para no confundir a la ciudadanía.