El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía, rechazó la denominación de “leyes procrimen” utilizada para referirse a recientes normas y propuestas del Parlamento vinculadas con la lucha contra la delincuencia. El senador de Fuerza Popular sostuvo que estas disposiciones buscan, en realidad, proteger los derechos humanos y corregir posibles abusos en el ejercicio de las atribuciones del Ministerio Público y el Poder Judicial.

En declaraciones locales, Mesía afirmó que las normas tienen como objetivo “morigerar el ejercicio abusivo” de algunas prerrogativas otorgadas por el Código Procesal Penal y subsanar vacíos existentes en la legislación. Según explicó, las modificaciones planteadas desde el Congreso buscan establecer límites y corregir aspectos del marco legal que, a su juicio, podían generar afectaciones a los derechos de las personas.

El parlamentario consideró necesario dejar de lado los calificativos empleados en el debate político y concentrarse en una evaluación técnica de las normas. En esa línea, cuestionó expresiones como “leyes procrimen” y referencias a los denominados “Cuellos Blancos”, al considerar que este tipo de etiquetas contribuye a generar enfrentamientos y dificulta una discusión orientada a encontrar soluciones para el país.

Mesía sostuvo que corresponde analizar si las modificaciones legislativas realmente afectan la lucha contra la delincuencia. “Si hay que cambiar algo, se cambia”, afirmó, al señalar que las normas pueden ser revisadas si una evaluación técnica demuestra que tienen efectos negativos sobre el combate contra el crimen. Para el senador, el debate debe centrarse en determinar si las disposiciones cumplen sus objetivos y respetan las garantías fundamentales.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Constitución señaló que toda ley es perfectible y que una de las principales tareas de la Cámara de Diputados y el Senado será precisamente mejorar la legislación. En ese sentido, planteó que el Congreso debe abordar las reformas desde una perspectiva técnica y evitar que los calificativos políticos reemplacen la discusión sobre el contenido y los efectos concretos de las normas.