Más de un centenar de ciudadanos peruanos difundieron un pronunciamiento conjunto en el que exhortan a preservar la estabilidad democrática y garantizar el debido proceso en el marco de las investigaciones y cuestionamientos políticos que involucran al presidente de la República, José Jerí, a raíz del denominado caso “Chifagate”.

Entre los firmantes del documento figuran profesionales de reconocida trayectoria, como el abogado Wilber Medina y el exministro de Economía Ismael Benavides, quienes respaldan el llamado a que las indagaciones se desarrollen conforme a la Constitución y a las normas legales vigentes, sin interferencias ni adelantos de juicio.

En la misiva, los suscriptores advierten que el país atraviesa un momento particularmente sensible debido al proceso electoral en curso, lo que hace indispensable ofrecer estabilidad y previsibilidad desde las instituciones del Estado. Subrayan que esta postura no implica renunciar a la fiscalización ni tolerar la impunidad frente a eventuales irregularidades.

“El esclarecimiento de los hechos debe avanzar por los canales regulares, con respeto al debido proceso y sin conclusiones anticipadas que carezcan de sustento acreditado”, señalan, al tiempo que recuerdan que en una democracia constitucional ninguna autoridad está por encima de la ley, pero tampoco puede ser responsabilizada sin una investigación previa que garantice el derecho a la defensa.

El pronunciamiento enfatiza que los hechos que involucran al jefe de Estado deben ser evaluados exclusivamente por las instancias competentes, respetando los plazos y procedimientos establecidos, y evitando decisiones apresuradas que, en plena coyuntura electoral, puedan generar mayor inestabilidad política.

Finalmente, los firmantes advierten que el país enfrenta desafíos urgentes como la criminalidad y la inseguridad ciudadana, por lo que consideran prioritario evitar interrupciones en la conducción del Estado. En ese sentido, recalcan que defender la continuidad institucional no equivale a respaldar a una persona, sino a proteger la democracia, el equilibrio de poderes y la gobernabilidad.