El denominado Chifagate ha vuelto a colocar bajo escrutinio público el poder del lobby en el Congreso y los límites legales y éticos de la gestión de intereses en el país. El caso ha encendido alertas sobre cómo reuniones no registradas y fuera de espacios institucionales pueden incidir en decisiones políticas, particularmente cuando involucran a figuras de alto nivel como el presidente del Congreso, José Jerí.

Las reuniones atribuidas a Jerí con empresarios chinos, realizadas fuera de agendas oficiales y sin constancia administrativa, han reabierto el debate sobre la vulnerabilidad de los tomadores de decisión frente a influencias privadas. Para especialistas en derecho y ciencia política, la ausencia de protocolos claros y de publicidad de estos encuentros debilita los mecanismos de control y dificulta la identificación de posibles conflictos de interés.

El abogado penalista Andy Carrión sostuvo que el lobby no es ilegal por naturaleza, pero advirtió que, sin regulación específica, puede derivar en conductas sancionables como el tráfico de influencias o el cohecho. Señaló que, a diferencia de otros países, el Perú carece de normas que obliguen a transparentar agendas, intereses representados y códigos de conducta para los lobistas, lo que amplía el margen para prácticas opacas dentro del Parlamento.

Desde el ámbito político, la politóloga Katherine Zegarra recordó que la legitimidad del lobby depende de la transparencia y del respeto al Código de Ética del Congreso, que prohíbe a los legisladores recibir beneficios, obsequios o favores. Enfatizó que los congresistas deben declarar públicamente sus reuniones con representantes de intereses privados y abstenerse de participar en decisiones que puedan favorecerlos, para no erosionar la confianza ciudadana.

En la misma línea, el abogado Jonathan Correa cuestionó que gestiones de intereses se realicen en espacios informales como restaurantes, al considerar que toda interacción entre el sector público y privado debe seguir canales institucionales, con agendas, control y trazabilidad. Advirtió que encuentros no registrados impiden verificar quiénes participaron y qué se discutió, lo que alimenta sospechas de acuerdos ocultos.

Finalmente, el politólogo Andy Zeballos señaló que la Política Nacional de Integridad obliga a los funcionarios a registrar y justificar sus reuniones, y advirtió que el problema surge cuando se anteponen intereses privados al bien común. Indicó que el análisis patrimonial y otras herramientas de control resultan claves para determinar si casos como el Chifagate esconden beneficios indebidos, planteando la necesidad de fortalecer la regulación del lobby para evitar la captura del Estado por intereses particulares.