La Comisión Permanente del Congreso aprobó por unanimidad el informe final de la denuncia constitucional 196, que recomienda acusar al expresidente Martín Vizcarra por su presunta implicación en el caso conocido como "Richard Swing".

El informe detalla que Vizcarra habría incurrido en varios delitos, incluyendo tráfico de influencias agravado, peculado doloso por apropiación para tercero, negociación incompatible y obstrucción a la justicia.

Se le atribuye haber utilizado su posición para favorecer la contratación de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura, a pesar de su falta de idoneidad para el cargo, causando un perjuicio económico al Estado.

La exministra de Cultura, Patricia Balbuena Palacios, también fue objeto de acusación, aunque el caso fue archivado por caducidad. Similarmente, las denuncias contra las exministras de Cultura, Ulla Holmquist y Sonia Elizabeth Guillén, tuvieron el mismo destino.

Antes de la sustentación del informe, Martín Vizcarra reiteró su renuncia a la prerrogativa del antejuicio. Se propuso que la congresista Lady Camones Soriano integre la Subcomisión Acusadora para formular la acusación ante el Pleno del Congreso, una propuesta que fue aprobada por unanimidad de acuerdo con el reglamento del Congreso.