La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidió archivar la denuncia constitucional número 596 presentada contra la expresidenta Dina Boluarte Zegarra, vinculada al denominado caso Rolex. Con esta determinación, el tema no podrá ser reabierto durante el actual periodo legislativo, de acuerdo con las normas vigentes del Parlamento.

La denuncia, formulada originalmente por la entonces fiscal de la Nación Delia Espinoza, imputaba a la exmandataria presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de declaración en documento público, a raíz del uso de relojes de lujo y joyas de alto valor. Sin embargo, la subcomisión optó por desestimar el caso sin entrar al fondo de las acusaciones.

Durante la sesión, presidida por la congresista Lady Camones, se precisó que la decisión se sustentó exclusivamente en el Reglamento del Congreso. El informe técnico determinó que los hechos denunciados el 16 de mayo de 2025 ya habían sido materia de un informe final previo, resuelto el 11 de abril de ese mismo año, que concluyó con el archivo de la investigación.

El reglamento parlamentario establece que no se pueden presentar denuncias sobre los mismos hechos dentro de un mismo periodo legislativo. En ese sentido, el equipo técnico señaló que la improcedencia de la acusación responde al estricto cumplimiento de la norma, considerando que la Comisión Permanente ya había emitido un pronunciamiento definitivo sobre el caso.

Cabe recordar que, en mayo de 2025, la Comisión Permanente ratificó el archivo de la investigación contra Boluarte con 14 votos a favor y 8 en contra. En esa ocasión, la entonces presidenta quedó eximida de responder por los costosos obsequios que habría recibido del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Pese a esta nueva decisión de archivo, desde la subcomisión se aclaró que el caso no queda cerrado de manera definitiva. Conforme al artículo 89 del Reglamento del Congreso, podría presentarse una nueva denuncia en un periodo legislativo posterior, siempre que se aporten nuevos elementos de prueba y se cumplan los plazos y requisitos establecidos por la ley.