Tras intensos debates y la evaluación de dos mociones en su contra, el pleno del Congreso de la República censuró al ministro del Interior, Vicente Romero. La votación resultó en 75 a favor, 28 en contra y 14 abstenciones, sellando así la destitución de Romero Fernández.

Las mociones plantearon una serie de argumentos que apuntaban a la falta de liderazgo y capacidad idónea en el desempeño del cargo por parte del ministro. Los cuestionamientos se centraron en su gestión frente a la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común, acusándolo de ineficacia y omisiones significativas en estrategias de seguridad nacional.

La primera moción, presentada por Perú Libre, subrayó la incapacidad técnica y la falta de idoneidad de Romero para ejercer sus funciones. Criticó duramente su gestión en relación con la seguridad ciudadana, señalando la incapacidad de controlar la inseguridad imperante en el país y cuestionando sus respuestas durante el pliego interpelatorio.

La segunda moción, respaldada por una coalición de partidos, también enfatizó la falta de efectividad del ministro para abordar la delincuencia en sus diversas formas, así como su aparente carencia de un plan estratégico en situaciones de emergencia, lo que afectaría el desarrollo económico de múltiples sectores.

Tras la aprobación de la censura, el presidente del Congreso notificó formalmente a la presidenta sobre la destitución del ministro del Interior, marcando así un cambio significativo en el gabinete ministerial.