El Congreso de la República promulgó la Ley 32026, que modifica el Código Penal para ampliar los alcances de la legítima defensa. Esta normativa exime de responsabilidad penal a quienes actúen en legítima defensa "con uso de la fuerza, incluido el uso de la fuerza letal".

La ley también establece que las personas que aleguen legítima defensa no podrán ser procesadas penalmente ante una "situación de peligro inminente y necesidad de proteger la vida o la integridad propia o de terceros". Esta defensa será válida en casos de agresión, irrupción o ingreso violento a inmuebles, vehículos, negocios, entre otros lugares donde la persona se encuentre legítimamente.

Además, se actualizó el artículo 21 del Código Penal para permitir que las armas de fuego usadas en legítima defensa, registradas legalmente, sean incautadas solo durante las 48 horas necesarias para las investigaciones preliminares.

En cuanto a la prisión preventiva, la Ley 32026 modifica el Nuevo Código Procesal Penal para impedirla en casos de legítima defensa, excepto si existen antecedentes o pruebas contundentes que justifiquen un delito o una sentencia condenatoria firme.

La norma ha generado controversia. Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público han expresado reservas, advirtiendo que la nueva ley podría incrementar la criminalidad. La Fiscalía subraya que la legítima defensa ya está regulada adecuadamente y teme que esta modificación permita una instrumentalización del derecho penal. El Poder Judicial insiste en la necesidad de evaluar cada caso objetivamente para evitar abusos.

Ambas instituciones coinciden en que el proyecto no soluciona los problemas de seguridad ciudadana y podría complicar aún más el ámbito penal.

El Congreso promulgó ley que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para ampliar los alcances de la legítima defensa, reforzando la seguridad de la población. ¡Conócela! ?️ pic.twitter.com/Bs79VaMD2B

— Congreso del Perú ?? (@congresoperu) May 18, 2024