Durante el gobierno de José Jerí, el Estado adjudicó contratos por aproximadamente S/1.400 millones a empresas constructoras de origen chino, según un informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso que analizó las contrataciones públicas vinculadas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El documento identifica a trece compañías como parte de una red conocida como el “Club del Dragón”, señalada por presuntas prácticas de corrupción en el sector.

El informe, de 610 páginas y fechado el 14 de marzo de 2024, fue suscrito, entre otros, por el entonces vicepresidente de la comisión, José Jerí. En ese texto se menciona como operador de las constructoras investigadas al empresario chino Zhihua Yang, conocido como “el tío Johnny”, quien es señalado como un facilitador clave de las actividades de estas empresas en el país y mantiene una relación cercana con el jefe de Estado.

Las indagaciones parlamentarias detallan que, durante la actual administración, tres contratos fueron firmados con Provías Nacional del MTC. Dos de ellos corresponden a la empresa China Railway Tunnel Group Co. Ltd., por el mejoramiento del corredor vial Molinopampa, en Áncash, por S/273.2 millones, y de la carretera Cerro de Pasco–Tingo María, por S/515 millones. El tercer contrato fue adjudicado a China Gezhouba Group Co. Ltd. para la mejora de la carretera Boca del Río, en Tacna, por S/608.5 millones.

De acuerdo con el documento, estos contratos fueron suscritos por representantes legales de las compañías chinas, identificados como Chen Wei y Wu Xiaoxuan. Si bien el Ejecutivo ha sostenido que las adjudicaciones se realizaron en cumplimiento de mandatos judiciales, tras medidas cautelares que ordenaron a Provías Nacional entregar las obras, el informe advierte que los beneficiarios forman parte de un esquema previamente cuestionado por el Parlamento.

La Comisión de Fiscalización también remarca que el informe sobre el “Club del Dragón” nunca fue aprobado por el Pleno del Congreso, lo que impidió su remisión al Ministerio Público para el inicio de investigaciones fiscales. Esta situación permitió que las empresas señaladas continuaran contratando con el Estado sin restricciones legales, pese a las observaciones formuladas por el grupo parlamentario.

El documento concluye que las empresas vinculadas a Zhihua Yang, entre ellas Canton Lima y Construcciones Capón, habrían actuado como soporte operativo de las constructoras chinas, facilitando su presencia y contratación en el país. Según la comisión, este entramado habría operado como un engranaje que favoreció la adjudicación de obras públicas millonarias, generando riesgos de afectación al erario y reavivando cuestionamientos sobre la transparencia de las contrataciones durante la gestión de José Jerí.