Un total de diez ministros del gabinete encabezado por Luis Arroyo declararon tener investigaciones fiscales o procesos judiciales en trámite, según las declaraciones juradas presentadas para asumir sus cargos. La información, a la que accedieron medios de comunicación, evidencia que varios titulares de sectores clave enfrentan indagaciones por presuntos delitos vinculados a corrupción y otros ilícitos.

Entre los casos más relevantes figura el del ministro de Economía, Rodolfo Acuña, quien reportó una investigación fiscal por presunto lavado de activos. Asimismo, el titular de Justicia, Luis Jiménez, consignó procesos por negociación incompatible y colusión, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos.

En la misma línea, el ministro Wilder Sifuentes informó sobre dos investigaciones en su contra, relacionadas con presunta usurpación agravada y negociación incompatible. Según explicó, estas denuncias se originaron en funciones anteriores y ya habrían sido archivadas previamente, por lo que espera un resultado similar en los actuales procesos.

El ministro de Salud, Juan Velasco, declaró una investigación por presunta negociación incompatible, mientras que el titular de Trabajo, Óscar Fernández, reportó carpetas fiscales por presunto fraude procesal, omisión ilegal y abuso de autoridad, además de otra vinculada a colusión.

Por su parte, la ministra del Ambiente, Nelly Paredes, informó una investigación por omisión ilegal de funciones, mientras que el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, declaró una indagación por corrupción de funcionarios. A ello se suma el titular de Transportes, Aldo Prieto, quien enfrenta una investigación por presunto abuso de autoridad.

Finalmente, los ministros del Interior y Defensa, José Zapata y Carlos Díaz, respectivamente, confirmaron tener procesos en trámite, aunque señalaron que brindarán detalles más adelante. En tanto, el propio jefe del gabinete, Luis Arroyo, reportó cuatro investigaciones ya archivadas por presuntos delitos como abuso de autoridad y falsedad, lo que añade presión sobre un equipo ministerial que deberá afrontar cuestionamientos en medio de su gestión.