El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, informó sobre la aprobación del decreto legislativo nro. 1589, que eleva las penas por bloqueo de carreteras hasta quince años de prisión, como parte de un esfuerzo para brindar seguridad y paz pública.

El nuevo marco penal contempla penas de no menos de diez ni más de quince años para aquellos que afecten las vías terrestres y fluviales, infraestructuras portuarias, ferroviarias y aeroportuarias, así como los servicios de distribución de energía, hidrocarburos y minerales.

Otárola recalcó que el objetivo es responsabilizar a quienes intenten interrumpir los derechos de los ciudadanos y causen daños graves a infraestructuras esenciales para el país. Además, el decreto sanciona con hasta seis años de cárcel a quienes colaboren voluntariamente con disturbios, ya sea mediante el suministro de bienes o recursos financieros.

El premier instó a las autoridades a aplicar estas nuevas medidas y abrir las correspondientes investigaciones judiciales. También anunció la creación de la Central 911, que integrará la atención de emergencias de la Policía Nacional, los Bomberos y el Sistema de Atención Móvil de Urgencias.

Además, se decretó estado de emergencia por 60 días en Echarate (Cusco) debido a daños por lluvias intensas. Otárola destacó el compromiso del Ejecutivo en resolver los hechos ocurridos en Pataz, La Libertad, donde se reunirá con la minera Poderosa para abordar la situación generada por actos delictivos en la disputa por recursos minerales.